Economía

Justicia paga 641.000 euros por reflotar un carguero de narcos en pleno puerto de Gijón

Los tripulantes declararon en la Audiencia Nacional que todavía podría haber en su interior dos toneladas de cocaína

Imágenes del Nehir en momentos previos a su hundimiento.
Imágenes del Nehir en momentos previos a su hundimiento. Guardia Civil

El hundimiento premeditado de un carguero que transportaba hasta cuatro toneladas de cocaína escondidas en su interior pasa factura a las arcas públicas. Según ha publicado este miércoles el BOE, el Ministerio de Justicia desembolsará 641.380 euros a la empresa Gijonesa de Actividades Subacuáticas a cambio de ocuparse de reflotar el buque Nehir, pecio que lleva generando problemas en el puerto de Gijón desde que las autoridades lo remolcaran hasta allí, hace ya un año y 10 meses.

El hundimiento del buque tuvo lugar en febrero de 2021 frente a las costas de Ribadeo, en Lugo. Entonces, en el transcurso de la operación policial Bocanegra, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera abordaron el barco. Los nueve tripulantes, en un intento de borrar las pruebas del delito, abrieron diversas vías de agua que terminaron por causar el hundimiento del Nehir en cuestión de dos horas. 

La policía incautó en el momento del abordaje alrededor de dos toneladas de cocaína. Esta cantidad tendría un valor de 60 millones de euros. No obstante, en declaraciones a la Audiencia Nacional, los tripulantes admitieron que en la bodega del barco podría haber otras dos toneladas que todavía seguirían allí. Ahora, la recuperación de los restos permitirá comprobar este hecho.

Lo que quede de la estructura del Nehir será reciclado por la empresa DDR Vessels. Esta firma está situada en el mismo puerto de El Musel y es la única compañía en España autorizada para el desmantelamiento de grandes barcos. 

A los quebraderos de cabeza que ha supuesto para la Autoridad portuaria de Gijón el hecho de tener un barco de 52 metros de largo y 9 de ancho semihundido en sus instalaciones, se le han sumado costes relacionados con ello. La Autoridad pública, dependiente de Fomento, ha tenido que afrontar el precio de mantener un sistema de vigilancia para controlar que no se produjeran vertidos de combustible, según contaba a El Comercio. Esto elevaría aún más la factura que dejó el delito de los narcotraficantes a las arcas públicas. Pese a los intentos de este periódico de obtener la cifra exacta, no ha sido posible por el momento.  

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