Ayuso anuncia un nuevo incentivo fiscal para atraer grandes fortunas e inversión
Llega como respuesta directa al impuesto de solidaridad del Gobierno
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la creación de un incentivo fiscal a nuevos inversores en la Comunidad de Madrid que sirva de "contrapeso" al impuesto temporal de solidaridad del Gobierno de Pedro Sánchez para las fortunas de más de 3 millones de euros.
La previsión es que este nuevo incentivo fiscal sea aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en las próximas semanas e iniciar su tramitación parlamentaria -para que pueda entrar en vigor este mismo año- antes de la disolución de la Asamblea por las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.
Durante su intervención en la XIII edición del "Spain Investors Day", el foro financiero nacional que ha reunido durante dos días en Madrid a las compañías cotizadas del país e inversores internacionales, Díaz Ayuso ha explicado que con esta nueva deducción quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, "ya sea una vivienda, en una empresa, en productos financieros en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión".
La nueva medida fiscal beneficiará a cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región madrileña, lo que le permitirá poder desgravarse el 20% del total de lo destinado durante los siguientes seis años.
Dicha inversión estará vinculada a todo tipo de activos, tanto financieros como inmobiliarios. En los primeros no será requisito imprescindible que estén en la Comunidad de Madrid; en los inmobiliarios, sin embargo, sí que deberán de estar ubicados en esta región.
Las condiciones para beneficiarse de la deducción es que el capital provenga de fuera de España o de un inversor con un mínimo de cinco años viviendo en el extranjero, y que invierta su patrimonio "en lo que quiera y cuando quiera", ha señalado.
Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid, la nueva deducción tendrá unos efectos positivos en la economía de la región ya que por cada 1.000 millones de inversión se generarían casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB regional, lo que supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, cerca de 125 millones de euros.
La presidenta regional destacó el potencial de Madrid y añadió que la comunidad destaca por la supresión de todos los impuestos propios. "La regulación favorable para las empresas ha desembocado en una inversión que se ha duplicado desde 2012, y un 40% desde 2019", detalló.
Recurso en el Constitucional
Díaz Ayuso, que ya ha avanzado que recurrirá este mes de enero ante el Tribunal Constitucional el nuevo tributo a las grandes fortunas, ha aprovechado su intervención en el foro de inversores extranjeros para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y mostrar a la Comunidad de Madrid como la alternativa a las políticas estatales, al tiempo que ha avisado de que si el Gobierno "no se va este año, la inversión en España se desploma del todo".
Así, la presidenta regional ha considerado que "cuando la inversión ponga en tela de juicio la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, podrá seguir opinando que Madrid es diferente, que Madrid es libertad y prosperidad y que aquí será bienvenido".
A su juicio, el impuesto del Gobierno ha sido diseñado contra Madrid para paralizar su inversión "y provocar que los patrimonios se vayan", además de causar que "todos seamos igual de pobres" en lugar de ayudar al que menos tiene para que viva en igualdad de oportunidades.
"El Gobierno de Sánchez lo ha llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, como si quien más tiene pagara cantidades ingentes de impuestos", ha manifestado la dirigente del PP, que ha añadido que se está obligando a Madrid a recuperar el impuesto de patrimonio que su Ejecutivo "no quiere cobrar".
Para Díaz Ayuso, el impuesto a las grandes fortunas dejará a España en "desventaja competitiva" y expulsará el capital y la inversión extranjera a países vecinos.
Se trata, ha concluido, de un "nuevo golpe confiscatorio" contra el ahorro que provocará, según las estimaciones de su Gobierno, una reducción de la inversión en esta región de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año, un 0,6 % del PIB.
