Ponerle el cascabel fiscal al universo cripto beneficiará también al inversor
La ofensiva anunciada ayer por Bruselas para luchar contra la evasión fiscal derivada de las operaciones con criptoactivos constituye una decisión importante para poner orden en un mercado cuya desregulación se ha convertido en una fuente de conflictos para gobiernos y supervisores, por su elevado potencial para la especulación, los fraudes piramidales, el blanqueo de capitales y la evasión tributaria. El auge y hundimiento de la plataforma FXT, que hace solo un año estaba valorada en 32.000 millones de dólares y que se ha llevado consigo los ahorros y la confianza de miles de depositarios e inversores, es el último ejemplo del nivel de opacidad y de la falta de supervisión con que se puede operar en el sector.
La decisión de la Comisión Europea impondrá a todos los proveedores de servicios de criptoactivos el deber de informar de las transacciones efectuadas por residentes en la UE con el fin de luchar contra la evasión fiscal. Ello exigirá reformar la actual directiva sobre cooperación administrativa y extender a las plataformas cripto las normas que exigen intercambiar información con fines tributarios. Bruselas pretende incluir en ese deber no solo a las criptodivisas o los security tokens, sino también en algunos casos al creciente mercado de transferencias de NFT.
La reforma de la legislación de intercambio de información tributaria que propone Bruselas tiene un objetivo muy claro: lograr que las criptodivisas tributen como lo hace cualquier otro activo financiero. Su aprobación complementará la normativa que está preparando la UE para regular el funcionamiento del mercado de criptoactivos (MiCA, en inglés), una norma que obligará a los proveedores de servicios a obtener autorización para operar en el bloque comunitario y a hacerse responsables de las pérdidas de los inversores, pero que no contiene disposiciones de carácter fiscal.
Gravar las operaciones realizadas con criptodivisas contribuirá sin duda a llenar las arcas públicas en una coyuntura que exige un elevado nivel de gasto y endeudamiento a los Estados, pero sobre todo enviará al mercado el imprescindible mensaje de que el universo cripto no puede ser un territorio sin ley, y que su maduración y supervivencia solo podrá llevarse a cabo con garantías bajo un marco normativo. Gravar las transacciones constituye además un ejercicio de equidad y justicia fiscal básicas, así como una suerte de filtro para desanimar en parte a los proveedores que solo busquen una vía fácil de elusión fiscal y de operativa al margen de cualquier requisito legal. A Bruselas le toca ahora acelerar la puesta en práctica de la reforma, en una decisión que beneficiará a las Haciendas nacionales, pero también a los inversores.