Los auditores exigen retirar la enmienda que permite ampliar sus contratos más de 10 años
El Registro de Economistas Auditores (REA) considera que esta medida "compromete la independencia" de las firmas profesionales
El Registro de Economistas Auditores (REA) ha pedido este lunes que se retire la enmienda transaccional que propone la modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas para ampliar el período máximo de contratación de las compañías auditoras con un mismo cliente. En su opinión, se trata de una iniciativa que "compromete la independencia y fomenta la concentración en el sector" al dar la posibilidad de extender más allá de 10 años la contratación de los servicios.
Esta enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que fue aprobada el 22 de noviembre en el Congreso de los Diputados, abre la posibilidad de prorrogar el período máximo de contratación de los auditores de Entidades de Interés Público (EIP) mediante dos vías: 14 años más, siempre que la auditoría sea realizada de forma conjunta por dos firmas de auditoría, o 10 años más si se realiza una convocatoria pública de ofertas.
En concreto, la propuesta, impulsada por PDeCat y que salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, va dirigida a modificar el artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, relativo a la contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría. En ella se alude a que esta segunda posibilidad es una opción que está recogida en el Reglamento de la UE sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, si bien, el REA matiza que "no ha sido tomada en consideración por la mitad de los países de la UE, entre los que se encuentran Alemania, Italia y Países Bajos".
En esta línea, los economistas advierten de los peligros de esta segunda opción a 10 años mediante una convocatoria pública de ofertas, al entender que si el concurso lo gana la misma auditora, dicha firma "se perpetuaría en el cargo durante 20 años afectando gravemente a su independencia, dado que en este caso no regiría el sistema de coauditoría".
Según afirmó el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Emilio Álvarez, "esta opción no es de obligado cumplimiento, por lo que los Estados miembro tienen potestad a la hora de transponerla o no a sus respectivos ordenamientos jurídicos". "Si el objeto de esta enmienda, tal como se expresa en su justificación, es promover la auditoría conjunta, abrir el mercado a las pymes de auditoría y aumentar la competencia, debería eliminarse de la enmienda la opción de convocatoria pública de ofertas, tal y como han hecho la mitad de los países de la Unión Europea", concluyó.
Por todo ello, el REA considera "necesario" que, durante la tramitación de los Presupuestos Generales en el Senado, se elimine esta posibilidad, ya que, "además de comprometer la independencia del auditor, fomenta la concentración del sector".
