Los reguladores negocian

Pulso España-Francia por el sobrecoste del 50% de la interconexión eléctrica submarina

La crisis de precios encarece el proyecto hasta los 2.700 millones: la CE no quiere subvencionar el exceso ni Francia pagarlo a medias

Un barco lanza un cable submarino en Sant Adrià de Besos (Barcelona).
Un barco lanza un cable submarino en Sant Adrià de Besos (Barcelona). Getty Images

El proyecto de interconexión eléctrica submarina entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya se está encareciendo por las fuertes subidas de precios de los materiales para la construcción de un cable que unirá las localidades de Gatica, en el País Vasco, y Cubnezais, al norte de Burdeos. Con una longitud de casi 400 kilómetros (13 kilómetros en tierra española; 80 kilómetros en territorio francés y 300 bajo el mar) el proyecto, que consiste en dos líneas de 400 kV, supondrá incrementar del 3% al 5% la capacidad de interconexión entre los dos países: de los 2.800 MW actuales a 5.000 MW.

La infrestructura, que acometerán Red Eléctrica de España (REE) y su homóloga francesa Résseau de Transport d’Électricité (RTE), a través de la sociedad conjunta Inelfe, arrancó en 2017 (año de las primeras consultas) con una inversión de 1.750 millones de euros. Ya en 2019, el presupuesto aumentó hasta los 1.950 millones, por la inestabilidad en el Cañón de Capbreton, que obligó a un cambio en el trazado.

En estos momentos, con la crisis internacional de precios (se calcula que los materiales utilizados para el cable, como el aluminio o el níquel, se han disparado entre un 30% y un 40%), la situación se ha agravado hasta el punto de que el sobrecoste del proyecto supera el 40% (entre 700 y 800 millones de euros más) y por encima del 50% respecto a la inversión inicial. En total, el coste en estos momentos sumaría 2.700 millones, según fuentes del sector.

Todo ello sin que se hayan iniciado aún las obras, ya que el proyecto está en la fase de autorizaciones administrativas, y en medio de un duro pulso entre los reguladores sectoriales de ambos países (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- y la Commission de Régulation de l'Energie -CRE-) sobre la financiación del coste sobrevenido. La potestad del proyecto corresponde a ambos organismos ya que las interconexiones energéticas son activos regulados cuya inversión la pagan los consumidores en su factura (vía peajes) y se le retribuye a los transportistas, REE y RTE.

En su día, el reparto del coste de la interconexión ya fue polémico, pese a que en 2013 la Comisión Europea y el Parlamento lo declararon Proyecto de Interés Común (PIC) y subvencionó el 30% de la inversión. Tras un intenso refirrafe, España asumió el 43% de su financiación y Francia el 27% restante, sobre la base de que los consumidores españoles se beneficiaría de los ahorros en un 65% y los franceses, en un 35%. Porcentajes que, ya entonces, pusieron en duda algunos expertos.

Por el momento, Bruselas no quiere aportar más fondos y el regulador francés se niega a contribuir por encima del tercio estipulado, ya que el convenio establece que España se haría cargo del 60% de las desviaciones.

Fuentes políticas indican que la CNMC no renuncia a recibir nuevas subvenciones comunitarias (de los nuevos fondos anticrisis) e intenta convencer a su homólogo francés de que las circunstancias han cambiado y hay que modificar esos porcentajes. Si el objetivo inicial era importar más electricidad de Francia, ahora, con los problemas que arrastra su parque nuclear, la situación se ha igualado, e incluso la balanza de compra se inclina hacia Francia.

Urgencia

En tanto las partes siguen discutiendo, el tiempo apremia. Fuentes empresariales temen que la falta de barcos dedicados al lanzamiento de cables marinos y las listas de espera para el suministro de los materiales, puedan retrasar varios años la puesta en marcha de la conexión (ya lleva una demora de dos años). Una vez terminado el plazo de autorizaciones, en 2023, se abrirá el del suministro y la construcción de la infraestructura, que acabaría en 2026. Ya en el año siguiente, 2027, se realizarían las pruebas y se pondría en marcha.

Fuentes próximas a REE, aseguran que la parte española está a punto de recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que otorgaría antes de fin de este año el Ministerio para la Transición Ecológica. La DIA por parte del Gobierno francés, está más retrasada.

Aunque no falta quienes siguen defendiendo que la interconexión es positiva para España, hay temor a que el consumidor español asuma un coste superior al beneficio que pueda recibir.

 

Un sospechoso desequilibrio en favor de Francia

Polémica. La interconexión submarina entre España y Francia, fue promovida no sin polémica, por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según los estudios que sustentaron el proyecto, el coste de la inversión era superior en el tramo francés, 1.191 millones de euros, que en el español, 559 millones. Sin embargo, dado que el beneficio era mayor para el consumidor español que para el galo, España se hizo cargo del 43% de la financiación y Francia, del 27% (el resto lo subvencionaría la Unión Europea).

Desequilibrio. El análisis revelaba pues que el coste-beneficio estaba altamente desequilibrada: el 68% de las inversiones se realizaban en Francia y el 32% en España, mientras que el 35% de los beneficios eran para el primero y un 65% para el segundo, "por ser la Península una zona periférica de Europa".

Garantía. Para equilibrarlo se añadió a las llamadas rentas de congestión por la compra de energía a uno y otro lado de la frontera, un ahorro por garantía de suministro de 40 millones de euros anuales repartido a partes iguales que, según los expertos, carecía de sentido y solo se explicaba para que salieran las cuentas en favor de Francia. Ahora,con el sobrecoste del proyecto el desequilibrio se ha invertido.

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