Tarifa regulada de gas obligatoria y ayudas fiscales selectivas

El Gobierno puede ahorrar al consumidor dos tercios en la factura de gas forzando el traspaso a la tarifa TUR y debe ajustar ayudas y subvenciones

Llegan los meses claves para el gasto en energía y hay dos temas clave para el consumidor pendiente de solución. Uno, ¿qué se puede hacer con los clientes de gas atrapados en las tarifas del mercado libre que están pagando hasta el triple que si estuvieran en el mercado regulado, la tarifa de último recurso (TUR)? Y, dos, ¿va a prorrogar el Gobierno a 2023 la reducción de impuestos a luz y gas y la subvención a los carburantes? Las respuestas tienen que ser rápidas, puesto que están encima los meses de mayor gasto energético.

1. Todos a la TUR de gas. La diferencia de coste entre las tarifas de gas del mercado libre y el regulado son enormes y las compañías se aprovecharon para retenerlos de la ignorancia del consumidor y de su capacidad para dilatar el cambio empleando todo tipo de argucias. Estas prácticas han sido denunciadas por las asociaciones de consumidores y la CNMC ya ha abierto un expediente informativo a las compañías que operan el mercado regulado de gas: Gas & Power, Curenergía, Energía XXI y Baser, compañías que son filiales al 100% de Naturgy, Iberdrola, Endesa y Total, respectivamente. Hay que recordar que el cambio de compañía es, por ley, gratuito y tiene que realizarse en un plazo máximo de tres semanas.

La diferencia de precios es tal que Holaluz, empresa que revende luz y gas de las anteriores empresas, anunció hace un mes que dejaba de comercializar gas en tarifa del mercado libre y que pedía a sus 70.000 clientes que se pasaran al mercado regulado, a la TUR, regulada por el Gobierno. Según sus cálculos una familia tipo “pagará este invierno una factura de calefacción de entre 400 y 600 euros al mes, quienes estén en el mercado regulado abonarán de 100 a 150 euros”. Es lo que se señalaba en esta misma página el 25 de marzo.

A la vez, compañías como Iberdrola empezaron a enviar cartas a sus clientes avisándoles literalmente de que la factura anual de gas se les iba a triplicar y les recomendaban que se cambien de compañía. Sin embargo, su caso no es como el de Holaluz, que vende energía de otros. Iberdrola podría proponer a sus clientes que se cambien a la TUR de su filial Curenergía o cualquiera de las otras tres compañías antes mencionadas, que aplican exactamente el mismo precio. ¿Por qué Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que en mayo pasado llamó “tontos” a los clientes de la tarifa regulada de la luz, no es capaz de ser tan claro con sus clientes de gas y, en vez de insultarles, les da una solución dentro de su grupo?

Seguramente se pueden alegar razones de índole de la competencia para decir que no se puede obligar a las compañías a pasar a todos los clientes de gas al mercado regulado. También se decía que no se podía limitar el precio del gas y que era imposible establecer una excepción para España y Portugal. Sin embargo, ahí estamos. El Gobierno le puede dar todas las vueltas que quiera al coste del gas, pero lo evidente es que la medida más eficaz es pasar de la noche a la mañana a todos los clientes a la tarifa TUR. Es más útil que bajar el IVA del 21% al 5% y que poner un impuesto especial a las compañías.

2. Reducción de impuestos y subvenciones. La otra cuestión pendiente es precisamente la extensión a 2023 de esa rebaja del IVA del gas y la luz hasta el 5%, así como de la bonificación de 20 céntimos al precio del litro de gasolina y diesel. El Gobierno ha podido oír el consejo del Banco de España, Airef, FMI y OCDE para que limite estas ayudas a los colectivos más vulnerables y abandone el café para todos, que además de ser muy caro puede incentivar el consumo entre las rentas más altas; el colmo del absurdo.

La vicepresidenta primera y responsable de Economía, Nadia Calviño, ya ha avisado de que están repensando esas ayudas y valoran si “es mejor centrarse en algún colectivo o algún sector”. Esta misma semana, Fedea, el think tank nacido a mediados de los 80 del siglo pasado por impulso del Banco de España, lanzó al Gobierno una propuesta muy interesante: entregar directamente un cheque de1.900 euros a nueve millones de hogares con rentas bajas y medias.

En opinión de Ángel de la Fuente, director de Fedea, “el margen disponible para la reorientación de las medidas paliativas ante la inflación es muy considerable. Según mis cálculos, las rebajas de los impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022. Esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables. En 2021 había en nuestro país casi nueve millones de hogares con ingresos netos regulares por debajo de 2.000 euros mensuales, cuyo gasto total en comida y energía ascendió a unos 55.000 millones de euros. El ahorro derivado de la eliminación de las ayudas no selectivas a la energía permitiría enviar a cada una de estas familias un cheque por un importe de 1.889 euros, lo que supondría un 31% de su gasto medio en comida y energía, más que suficiente para compensar por completo la inflación interanual de ese componente del consumo”.

En definitiva, el Gobierno tiene en su mano instrumentos, como la TUR de gas y las ayudas directas selectivas, para ser mucho más eficaz en la lucha contra la inflación y en el uso de recursos públicos en apoyo a la población sin necesidad de demonizar a sectores y rentas. España necesita empresas energéticas y financieras fuertes y cuantos más patrimonios altos haya mejor para todos, pues redundará en mayor recaudación. Al presidente Pedro Sánchez le vendría bien repasar las medidas de su colega de la Internacional Socialista António Costa, primer ministro de Portugal.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y Profesor de la Universidad Complutense