Bruselas investigará en profundidad la compra de Activision por Microsoft por el riesgo para la competencia
Advierte del impacto en los mercados de videojuegos y sistemas operativos
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, dentro de la regulación comunitaria de fusiones. Bruselas ha mostrado su preocupación ante el impacto de la transacción, que podría reducir la competencia en mercados como la distribución de consolas y ordenadores personales, los videojuegos o los sistemas operativos para PC.
Con la transacción, una de las mayores de la historia en el sector tecnológico al superar los 69.000 millones de dólares (unos 68.360 millones de euros), Microsoft busca reforzarse en el mercado de videojuegos frente a rivales como Tencent y Sony.
En un comunicado, la Comisión Europea señala que la investigación preliminar muestra que la transacción podría reducir de manera significativa la competencia en mercados como la distribución de consolas, incluidos los servicios de suscripción de juegos online.
En particular, a la Comisión le preocupa que, al adquirir Activision Blizzard, Microsoft pueda impedir el acceso a videojuegos de consola y PC de la empresa adquirida, especialmente juegos de perfil alto y gran éxito (los llamados juegos 'AAA') como el popular 'Call of Duty'.
“Las investigaciones preliminares sugieren que Microsoft podría tener la capacidad, dado su potencial económico, para establecer estrategias con distribuidores de la competencia, dificultando el acceso a esos videojuegos.
Con respecto al mercado de sistemas operativos para PC, la Comisión ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que Microsoft pueda reducir la capacidad de sus rivales en este mercado para competir con Windows, al combinar los juegos de Activision con el potencial del gigante de Redmond en la distribución de juegos a través de cloud y streaming.
La propuesta de la transacción fue notificada a la Comisión el pasado 30 de septiembre. Ahora, Bruselas dispondrá de 90 días laborales, hasta el 23 de marzo de 2023, para tomar una decisión definitiva.
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