Una prerrogativa razonable en el marco de una crisis extraordinaria
La crisis energética que se ha abatido sobre Europa tras el estallido de la guerra de Ucrania no solo ha dejado al descubierto las dependencias y los puntos flacos del modelo de abastecimiento de la UE, sino que ha reforzado el carácter estratégico de las compañías del sector en los diferentes estados miembros. En ese contexto se enmarca la actual preocupación del Gobierno ante posibles movimientos en la composición del accionariado de Naturgy, primera gasista del país, tal y como ha explicado Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, en una entrevista concedida a CincoDias. Ribera hace fuerte hincapié en la naturaleza estratégica de Naturgy para España en el contexto de esta crisis histórica, así como en el riesgo que entraña la progresiva pérdida de peso de los inversores industriales en su accionariado frente a los financieros –fundamentalmente, los fondos CVC, GIP e IFM– y la conveniencia de velar para que se mantengan los objetivos estratégicos que el Gobierno impuso a IFM cuando entró en el capital de Naturgy hace un año.
Tras la preocupación del Ejecutivo está el creciente ruido de fondo sobre una posible salida de todos o de alguno de los fondos del capital de la compañía –las papeletas apuntan principalmente a GIP– y la hipotética venta de esas participaciones a la francesa Total. Un escenario factible, dado que el escudo antiopa que el Gobierno aprobó durante la pandemia, y que extendió a inversores comunitarios en el caso de las cotizadas, decaerá el próximo 31 de diciembre, lo que permitiría a Total o a otro grupo europeo tomar posiciones en Naturgy. Cuestión distinta, y bastante más discutible, son las manifestaciones de la ministra sobre la viabilidad de determinadas decisiones operativas de Naturgy, como el denominado proyecto Géminis, que pertenecen a la autonomía de gestión de la empresa y van más allá del interés del Ejecutivo por proteger el bien común.
Las condiciones que el Gobierno quiere preservar en la gasista –y que IFM aceptó al lanzar su opa– incluyen el mantenimiento de la españolidad de la compañía y de los activos regulados que afecten a clientes españoles, una política retributiva racional, un endeudamiento que permita mantener la inversión y la apuesta por la transición verde. En medio del naufragio del aprovisionamiento energético a un coste viable, la apuesta de España por mantener ese marco no solo es legítima, sino también razonable, especialmente en el contexto de la oleada de nacionalizaciones de empresas del sector que se están produciendo en Europa. Una legitimidad, en cualquier caso, que solo se justifica por la extraordinaria gravedad de esta crisis y que en una economía de mercado no debe extenderse más allá de esta.