La gran distribución pide tres años para instalar 20.000 puntos de recarga de coches eléctricos
El 1 de enero España aplicará la directiva europea que obliga a estas empresas a contar con un número mínimo de puntos
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha propuesto un plan progresivo a tres años para instalar los 20.000 puntos obligatorios de recarga para vehículos eléctricos ante la "imposibilidad" técnica y material para su ejecución.
El secretario general de Anged, Marcos Casado, ha pedido una "mayor proporcionalidad y racionalidad" en el despliegue de la red de infraestructura de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, para así poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el 1 de enero de 2023.
Durante su intervención parlamentaria en la subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno, Casado ha recordado que solo las empresas de Anged deberán acometer la instalación de 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España. El plan propuesto plantea la instalación del 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023; el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100% de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025.
Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red, ha comentado Casado, "no solo requiere de una fuerte inversión para las empresas, sino también de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos".
Anged, patronal de empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, ha informado de que España es "el único país" de la UE que ha decidido adelantar 2 años los requisitos mínimos establecidos por la directiva europea de eficiencia energética, por lo que ha propuesto un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga.
El secretario general de la asociación ha solicitado "ayudas efectivas" para el despliegue de estas infraestructuras "y sobre todo una disminución de las trabas administrativas, las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias". Casado ha subrayado que el sector "puede contribuir" a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero ha destacado que "la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas"