Garamendi: los ataques a la sanidad privada "suponen un riesgo para la sostenibilidad del sistema"
CEOE calcula que el sector privado factura 109.000 millones y lamenta la inseguridad que crea el proyecto de ley de equidad respecto a los conciertos
Un negocio de 8.500 millones está en juego para la sanidad privada. CEOE atacó este miércoles duramente el proyecto de la conocida como ley de equidad, que insta a que el Sistema Nacional de Salud (SNS) gestione de forma directa la provisión a los ciudadanos y que limita los conciertos con las empresas externas a casos excepcionales.
“Parece mentira los ataques que estamos viviendo desde ciertos partidos e incluso desde el Gobierno”, se quejó Antonio Garamendi, presidente de CEO. “Lo primero que tenemos que denunciar es que acabar con la complementariedad de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud supone un riesgo sin precedentes en la sostenibilidad del sistema”, afirmó el presidente de la patronal. “Parece que a la gente se le ha olvidado toda la labor ingente que hizo también la sanidad privada”, lamentó, respecto al papel del sector en la pandemia de Covid-19.
Con el nuevo proyecto legislativo, las empresas del sector ven que pasan de ser un sector complementario a que los futuros conciertos sean excepcionales. Estas declaraciones las hizo el presidente de CEOE en la presentación de los datos sobre el sector sanitario privado, que representa el 9,5% del PIB, según las cifras recogidas por la patronal entre las empresas del sector, incluyendo clínicas, farmacias, tecnología sanitaria y servicios sociosanitarios, entre otros. Esta actividad factura supera los 109.000 millones de euros. De la facturación de la sanidad privada, el 50% proviene de la asistencia sanitaria, el 19% de mutuas, el 12% de seguros, el 11% de tecnología sanitaria, entre otros.
El presidente de la comisión de sanidad y asuntos sociales de CEOE, Carlos Rus, puso sobre la mesa el problema de las listas de espera en los centros sanitarios, que en los dos últimos años han estado centrados en la lucha contra el Covid-19, recalcando que hay 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica y más de tres millones esperando una primera consulta para un especialista.
En la línea de Garamendi, Rus criticó la condena de algunos políticos al sector privado: “Lo público es bueno y lo privado es malo”, se quejó sobre ese mantra.
CEOE indicó que los conciertos suponen una actividad de 8.500 millones en conciertos, en una actividad considera que es inasumible por las autonomías y que generará, según su parecer, una saturación aún mayor de las listas de espera. La patronal también denuncia que no se conocen los criterios de excepcionalidad en la nueva norma que permitirá a la Administración contratar con el sector privado. “La sanidad privada ahorra muchísimos millones al Estado”, aseveró Garamendi.
El presidente de la comisión de sanidad de CEOE indicó que acabar con los modelos de colaboración con la sanidad privada provocará retrasos en la atención a los ciudadanos, porque las comunidades autónomas no pueden asumir esa actividad, ya que la sanidad se lleva ya cerca del 40% del presupuesto de las regiones. “Es un riesgo sin precedentes en la sostenibilidad del sistema”.
Este proyecto de ley ha superado en el Congreso las enmiendas a la totalidad, de Ciudadanos y Vox, y debe ahora afrontar las enmiendas parciales. La expectativa del Gobierno es que se apruebe antes del final de la legislatura, aunque desde la sanidad privada consideran que el Eejecutivo puede modificar sus propuestas porque el modelo presentado no es sostenible.
Esta modificación legislativa afecta más a algunas comunidades, como Cataluña, con alrededor de 50 centros privados que ayudan en la provisión sanitaria a la Generalitat. Desde CEOE se explica que el Gobierno ha llegado a algún acuerdo con Junts y PDeCat en el Congreso para que retirasen su enmienda a la totalidad, pero no se conoce el contenido del pacto.
Escasez de profesionales
Rus también puso énfasis en el problema de la escasez de profesionales, que es común en la privada y en la pública. Según sus datos, el 58% de hospitales tienen carencias en determinadas especialidades médicas, por lo que solicitó más plazas MIR y centros universitarios.
En materia de fiscalidad, la patronal propone la reducción y homogeneización del IVA de productos sanitarios, mejora de la fiscalidad en inversiones e I+D+I e incorporación de incentivos fiscales a los seguros de salud.
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