Más seguridad, pero menos autonomía para resolver las quejas financieras

El diseño de la futura Autoridad Independiente de Protección del Cliente de Productos Financieros, cuyo anteproyecto está en fase de aprobación, se aparta de la aspiración al modelo dual (twin peaks) que ha defendido con notable insistencia la banca. Según esa fórmula, el Banco de España y la CNMV se reparten las tareas de control. No obstante, no será un organismo plenamente independiente de ambos supervisores, tal y como se planteó en un principio. Las novedades que incorpora la norma en tramitación incluyen, por un lado, una rebaja sustancial en la cuantía de las sanciones a las entidades financieras respecto a las contenidas en los primeros borradores del texto, y por otro, un aumento de la tutela ejercida por la CNMV y el Banco de España sobre el nuevo organismo, que estará sometido a la hoja de ruta que determinen ambos supervisores.

Aunque la normativa incluye la posibilidad de identificar y sancionar a los ejecutivos con cargos de administración o de dirección, lo que supone un endurecimiento en términos de responsabilidad para estos, el texto rompe la paridad en el seno del comité consultivo que asesorará el organismo, en el que las entidades financieras dispondrán de tres representantes mientras los consumidores solo mantendrán dos. Con el diseño que plantea el anteproyecto, el Gobierno propone un modelo más satisfactorio tanto para el sector financiero como para el Banco de España y la CNMV.

Pese al recorte de la autonomía del organismo, no hay duda de que la introducción de esta suerte de cuarto supervisor agilizará y facilitará la tramitación de las reclamaciones de los consumidores financieros. A diferencia de lo que sucede con las resoluciones de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ­(DGSFP), sus decisiones tendrán carácter vinculante y su labor se desarrollará de forma horizontal, es decir, sobre todas y cada una de las áreas del sector financiero. La nueva autoridad permitirá así al usuario dirigirse directamente a un único organismo, independientemente de la naturaleza del producto o servicio sobre el que verse la reclamación.

La apuesta por una cierta tutela por parte del Banco de España y la CNMV puede traer beneficios en términos de homogeneización de criterios y de mayor seguridad jurídica en las resoluciones, pero la ruptura de la paridad respecto a los consumidores en el comité consultivo es una medida difícilmente justificable y que el Gobierno haría bien en reconsiderar. Es un acierto que las resoluciones no vinculantes -a partir de 20.000 euros- puedan ser aportadas como prueba pericial ante los tribunales.