Crea y Crece, la ley para las pymes
La nueva norma permite constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de un euro
El 9 de septiembre, se publicó en el BOE la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Crea y Crece), una de las principales del plan de recuperación. Junto con la recientemente aprobada reforma concursal, esta ley sitúa a las pymes en el centro de la política económica, reconociendo su importancia en el tejido productivo de nuestro país y estableciendo un marco jurídico más ágil y flexible, alineado con los países más avanzados, para su creación, su crecimiento y su reestructuración.
Con la nueva ley, crear una empresa será ahora más fácil, más rápido y barato. En concreto, se permite constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta el momento. De este modo, las empresas podrán destinar estos recursos a usos alternativos. Además, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (Circe), garantizando menores plazos y menores costes notariales y registrales.
En segundo lugar, la ley refuerza los mecanismos de financiación, como el crowdfunding, el capital riesgo y otros instrumentos de financiación no bancaria. En tercer lugar, se simplifica el marco regulatorio de las actividades económicas, ampliándose el catálogo de aquellas exentas de licencia, y reforzándose la cooperación entre las diferentes Administraciones públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores dentro de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado frente a medidas y reglamentos desproporcionados o innecesarios.
Por último, se introducen importantes medidas para avanzar en la lucha contra la morosidad comercial, uno de los problemas con mayor incidencia en la liquidez y rentabilidad de las empresas españolas y, en particular, de las pymes.
Con este objetivo, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en las relaciones comerciales de todas las empresas y autónomos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago. Asimismo, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión. Finalmente, se prevé la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, encargado del seguimiento de la evolución de los datos de pago y la promoción de las buenas prácticas.
Todos los estudios e instituciones señalan el pequeño tamaño de las empresas y la carencia de redes de colaboración como una de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, que explica la baja innovación y productividad de la economía española en comparación con los países más avanzados de nuestro entorno. Con la aprobación de estas dos reformas, solo falta la aprobación de la ley de startups, cuya tramitación parlamentaria debería culminar este otoño, para completar el programa transformador del plan de recuperación en el ámbito del clima de negocios,
Con ello, España se posicionará entre los países más atractivos para la atracción de inversión y talento, contando con una regulación moderna y ágil para todo el ciclo de vida de la empresa. Junto con las importantes inversiones en marcha para impulsar la digitalización, la cualificación de los empresarios y trabajadores y el desarrollo de hubs de innovación, clústeres industriales y redes de colaboración empresarial, las nuevas leyes permitirán avanzar hacia un ecosistema de empresas mayores, más innovadoras y sólidas, capaces de crear empleo de calidad y de competir sin complejos en la escena internacional.
Nadia Calviño es Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital