La batalla fiscal debe cerrarse con un cambio de la financiación regional

El enconado debate es de carácter más ideológico y electoral que práctico

La batalla fiscal abierta por Madrid hace ya unos pocos años haciendo uso de su capacidad normativa en los impuestos cedidos y en aquellos compartidos con el Estado se ha intensificado en las últimas semanas con la apuesta de las regiones gobernadas por la derecha por las rebajas de impuestos, tanto en renta como en patrimonio, y ha alcanzado su cénit con el anuncio del presidente de la Comunidad Valenciana, de adscripción socialista, de replicar las rebajas fiscales en la región, aunque con una fórmula ligeramente diferente. Una decisión que quiebra la estrategia fiscal del Gobierno de Sánchez en su defensa numantina en el mantenimiento de los impuestos al público en general y el endurecimiento para las rentas elevadas de personas y de empresas. Lo que era una batalla ha derivado en una guerra en la que el interés electoral está en primer plano porque ha empezado la campaña electoral más dilatada que se recuerda, pero en la que se habla y mucho de lo importante: la renta de los contribuyentes/votantes, sus impuestos y el destino de los mismos.

Hasta siete comunidades autónomas han decidido rebajas de impuestos, ya sea eliminando total o parcialmente patrimonio, deflactando total o parcialmente la tarifa del IRPF en el tramo autonómico o rebajando el tipo impositivo en el citado tramo y elevando las deducciones en el IRPF. De una forma o de otra, 29,1 millones de habitantes (casi dos de cada tres) pueden verse beneficiados de las rebajas de los impuestos por el uso legítimo de las facultades normativas que la Constitución, los estatutos de autonomía y las normas de financiación autonómica otorgan a las regiones. El debate de intenso cariz ideológico abierto sobre si se pueden o no bajar los impuestos, de si se deben o no subir, se decanta cuantitativamente por la bajada con un coste fiscal para la caja de caudales muy limitado, como limitado debe ser el riesgo para la prestación de servicios públicos regionales.

En todo caso, este debate fiscal enconado de carácter más ideológico y electoral que práctico debe ir acompañado de una reflexión consensuada entre Gobierno y oposición para modificar el sistema de financiación autonómica. Un mecanismo que es uno de los arcanos presupuestarios que arrastra España desde hace tres largos lustros, y que revela un evidente desajuste entre ingresos y gastos tras el desempeño económico tan distinto que han tenido las regiones a lo largo de un periodo tan largo en el que han sucedido tantas cosas en materia socioeconómica. No es la embarrada cancha electoral el mejor sitio para resolver tales cuestiones, pero Gobierno sabe y el PP sabe que tienen que entenderse con la contraparte para cerrar uno de los asuntos financieramente más espinosos de la gestión pública.