Deloitte advierte del riesgo de pérdida de 11 millones de turistas por cargas a la aviación en España
El informe encargado por la asociación ALA estima un impacto económico de 23.000 millones en 2030 y un recorte de 430.000 empleos
Las aerolíneas con actividad en España, representadas por la asociación ALA, han enviado esta mañana un mensaje unánime al Gobierno y autoridades comunitarias en contra de las cargas fiscales que se avecinan sobre el queroseno y, en el caso de España, sobre los propios billetes. Un informe encargado a Deloitte, presentado en la sede de la CEOE, calcula que el ramillete de iniciativas ambientales que viene de Bruselas, dentro del paquete normativo Fit for 55, sumadas a la subida de los billetes por la vía de los impuestos, derivará en una pérdida de 23.000 millones de euros para la economía española.
La consultora discrimina entre las iniciativas que buscan la descarbonización del transporte, a las que se debería un impacto de 11.000 millones de euros, y las de carácter fiscal, que podrían ser redundantes si con las primeras se consiguen los objetivos de reducción de emisiones, y son contabilizadas en 12.400 millones.
El socio responsable de Economics de Deloitte Financial Advisory, Jesús Valero, ha advertido de la posible pérdida de 430.000 puestos de trabajo debido a una reducción de 11 millones de turistas internacionales ya en 2030, desde los 83,5 millones comtabilizados en la red de Aena en 2019, motivada por un mayor precio de los vuelos. A estas cifras, el estudio de Deloitte suma un recorte de 12.000 millones de euros de gasto en muy diversos sectores dependientes del turístico.
Entre los más impactados, el sector del alojamiento sufriría un descenso de 3.600 millones en ingresos, y el de la alimentación se vería lastrado en 3.200 millones anuales. En el caso del empleo, las medidas fiscales se llevarían por delante 236.000 puestos de trabajo y un 0,9% del PIB, y las ambientales, menos discutidas por el sector aéreo, acarrearían un recorte de 194.000 empleos y un 0,7% del PIB.
El presidente de ALA, Javier Gándara, ha reafirmado el compromiso de las aerolíneas con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050 y asegura que las compañías “ya están recorriendo el camino de la descarbonización”. El representante de las aerolíneas ha reiterado que el sector está alineado con las medidas ambientales, como son la gradual introducción del uso de combustibles sostenibles (SAF) y la aplicación de un sistema de derechos de emisión ETS: “Estamos dispuestos a asumir un sobrecoste en la medida que estas medidas contribuyen a la descarbonización del sector”. A renglón seguido, Gándara ha criticado que “las medidas fiscales responden a un afán recaudatorio y no descarbonizan, generando un fuerte impacto en el sector turístico, pilar económico para España”.
Además de pedir la máxima contención en lo que se refiere a nuevos instrumentos fiscales, ALA reclama un marco que facilite el desarrollo de tecnologías que, como los SAF, puedan contribuir a plantar cara a las emisiones del transporte aéreo. La iniciativa Refuel Aviation, diseñada en Bruselas, obliga a un uso mínimo del 5% de SAF mezclado con el queroseno en 2030, cota que ascenderá al 63% en 2050. Los actuales motores de las aeronaves permiten mezclas al 50%, lo que suprimiría un 80% de las emisiones. Pero desde el punto de vista del sector, debe incentivarse la producción para ofrecer disponibilidad de combustibles sostenibles y hacer bajar sus actuales precios, entre tres y seis veces más caro que el queroseno.
Además del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, escuchaban las distintas intervenciones y conclusiones del informe de Deloitte ejecutivos del sector aéreo como los presidentes de Iberia e Iberia Express, Javier Sánchez-Prieto y Carlos Gómez, respectivamente; el consejero delegado de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, el presidente de Air Nostrum, Carlos Bertomeu, o representantes de otras como Vueling, Ryanair o Easyjet.
Garamendi ha aprovechado el acto para demandar al Gobierno el PERTE relacionado con el sector aéreo y ha sido crítico con la negativa de la Generalitat de Cataluña, meses atrás, a la ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat.
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