La distribución ve inviable la cesta de Díaz y le reclama “ayuda” para rebajar sus costes
El sector prioriza buscar fórmulas para reducir la factura energética
El primer encuentro entre Gobierno y distribución a cuenta de los precios de los alimentos sirvió para dejar patentes los diferentes modos de abordar una cuestión cada vez más problemática del día a día. La elaboración de una cesta o lista de productos básicos a precios más asequibles que propugna Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Ejecutivo, choca con un sector que defiende que ya ofrece los alimentos a los precios más bajos que puede, y que lo serían más si sus costes diesen tregua.
Y las posturas de cada parte, además de distantes, parecen inamovibles, pese a haberse emplazado a futuras reuniones de trabajo. La gran distribución, representada por las asociaciones Asedas, ACES y Anged, rechaza de manera frontal la idea de la cesta, que algún operador como Carrefour ya ha lanzado bajo su propia iniciativa.
El sector se defiende ante la idea de que sus empresas cuentan con los márgenes necesarios para aplicar bajadas de precios. “No compartimos que la elaboración de una cesta básica común sea una buena idea. Por dos razones: no es coherente con la estructura de la distribución comercial española, que está mucho menos concentrada que en Europa; y porque el ejemplo francés no es el adecuado”, defendió Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, que representa a operadores como Mercadona, Lidl o Dia.
En un comunicado conjunto, las tres asociaciones presentes en el encuentro consideran “inviable” llegar a un acuerdo con el Gobierno para fijar esa cesta, algo que ven además “contraproducente” porque “sería ineficaz y porque la experiencia en otros países ha resultado fallida”.
Se refieren al ejemplo francés de 2011, puesto sobre la mesa por Yolanda Díaz, cuando el gobierno y los distribuidores acordaron diseñar una lista de productos básicos y accesibles. “Se generó una inquietud en la población sobre un descenso en la calidad del os productos que se comercializaban. En la situación actual, es un peligro añadido”, apuntó García Magarzo.
Diagnóstico
El diagnóstico del sector, que habla de un problema de costes, está alejado del articulado tanto por Díaz como por Alberto Garzón, ministro de Consumo. Ayer, la vicepresidenta segunda del Gobierno dijo que “a la gran distribución hay que pedirle esfuerzos, como a la gran banca o las grandes eléctricas”.
“No se es preciso cuando se dice que la gran distribución tiene margen para reducir los precios. Grandes y pequeños no superan un margen del 3%. Este año el coste de la energía va a representar el 4% de las ventas, y el año pasado era un 1%. Muchos operadores acabarán el año en pérdidas”, explica a este periódico Juan Manuel Morales, director general de IFA y presidente de la patronal europea de la distribución alimentaria, Eurocommmerce.
Esos costes energéticos hacen que la principal respuesta del sector al Gobierno sea acceder a fórmulas que permitan rebajar la factura, solicitando un Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía. “No podemos seguir soportando un coste energético como el actual”, dijo García Magarzo.
“No estamos siendo un sector foco en Europa pese a ser el primero en empleo. Hace dos años se nos señalaba como sector imprescindible y ahora casi se nos señala por las subidas de precios”, apunta Juan Manuel Morales.
En la reunión, el sector también pidió una bajada temporal del IVA de los alimentos, una deflactación del IRPF y una suspensión temporal de los impuestos medioambientales. Pero el Gobierno mantiene su cesta “de calidad, compuesta por productos frescos que garanticen una alimentación sana y que dure más allá de las Navidades. Una propuesta perfectamente legal y que está basada en el principio de la competencia”.
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