Una reforma concursal que llega en el momento más oportuno

Es difícil concebir un momento de mayor oportunidad legislativa, en medio de una crisis económica como la actual, para la entrada en vigor de la reforma de la Ley Concursal, cuyo texto fue publicado ayer en el BOE y comenzará a aplicarse el próximo 26 de septiembre. La nueva ley, que ha sido mejorada durante su tramitación parlamentaria, nace con una vocación ambiciosa: facilitar la supervivencia de las empresas en situación de concurso en lugar de abocarlas a una cari irremediable liquidación. El texto, que incorpora una normativa europea redactada antes de la pandemia –la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones– flexibiliza e introduce ventajas indiscutibles en la normativa sobre insolvencias empresariales. Es el caso de los denominados sistemas de alertas tempranas, como fórmula para identificar situaciones problemáticas en fase inicial, la regulación del concepto de insolvencia probable, que coexistirá con la insolvencia actual y la inminente, el impulso que da a los planes de reestructuración, que sustituyen y mejoran la eficacia de los acuerdos de refinanciación, o la figura del experto concursal. Todos ellos mecanismos que apuestan por poner la venda antes de la herida para evitar que esta acabe siendo incurable y fatal.

Junto a las mejoras, la reforma se ha quedado corta en algunas cuestiones, como el mantenimiento de un excesivo y no fácilmente justificable blindaje de los créditos públicos, que adquieren incluso nuevos privilegios, o el escaso desarrollo en la propia ley del sistema de alertas tempranas. Otra preocupación es la entrada en vigor del procedimiento especial de microempresas, una de las novedades estrellas de la norma, que no será efectivo hasta enero de 2023 y que llegará tarde, por tanto, para muchos pequeños empresarios.

España afronta en los próximos meses la dura tarea de conducir la economía en un entorno plagado de riesgos, lo que incluye una grave crisis energética, un aumento muy preocupante de la inflación y un horizonte de crecimiento de tipos de interés que puede acabar provocando una recesión en Europa. Precisamente por ello, esta reforma debe marcar la diferencia entre la supervivencia y el desmantelamiento empresarial para un buen número de compañías españolas, las cuales necesitan, ahora más que nunca, una regulación concursal moderna, flexible y eficaz, que las ayude a eludir el concurso y a facilitar la refinanciación.