Aprobación en el Congreso

Tres de cada cuatro autónomos pagará igual o menos con el nuevo sistema

El 69% de los trabajadores por cuenta propia abonará en 2023 cuotas de entre 230 y 291 euros al mes frente a los 294 euros en los que está fijada la cuota mínima en 2022

Autónomos Ley Pulsar sobre el gráfico para ampliar

El Pleno extraordinario que celebrará hoy el Congreso de los Diputados no será solo para dar el visto bueno al decreto de ahorro energético, antes incluso de pasar a ese punto del orden del día, los diputados votarán la convalización de otra norma de importante calado. Se trata del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora su protección por cese de actividad.

Este nuevo sistema es fruto de unas largas negociaciones entre el Gobierno, capitaneado por el equipo del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y los agentes sociales y asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y Uatae). Tras meses de intercambio de papeles, cálculos y simulaciones de datos acordaron un importante cambio del modelo de cotización: desde el próximo 1 de enero de 2023 los autónomos dejarán de poder escoger su base de cotización, esto es lo que aportan a la Seguridad Social, y su cuota se fijará en función de su declaración de rendimientos netos. Así pagarán en función de lo que ganen, como ya hacen los asalariados. Para ello se ha acordado un sistema con 15 tramos de ganancias declaradas que se corresponderán con una determinada cuota. Las cuotas en 2023 irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos declarados de los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos rendimientos declarados por estos profesionales se puede ubicar cuántos de ellos estarán en un tramo u otro y por tanto, qué cuota pagarán. Según la tabla manejada en las negociaciones para el cambio de modelo, en 2023, aproximadamente el 69% de estos profesionales pasarán a pagar una cuota inferior a la mínima actual (fijada en 294 euros mensuales en 2022). En concreto aquellos que ganen menos de 670 euros netos pagarán 230 euros mensuales; los que ganen entre 670 y 1.125,9 euros al mes abonarán una cuota de entre 260 y 275 euros y los que lleguen a 1.300 euros, pagarán 291 euros. A estos grupos le seguirá otro 7% de autónomos (unos 236.388 trabajadores) que seguirán pagando una cuota similar a la actual: serán aquellos con rendimientos netos de entre 1.300y 1.700 euros al mes, cuya tarifa será de 294 euros al mes. Sumando estos dos grupos, los autónomos que pagarán lo mismo o menos el próximo año suman el 76%, o lo que es lo mismo tres de cada cuatro. Entre ellos se contabilizan unos 400.000 autónomos societarios que cobran menos del salario mínimo interprofesional.

El cuarto restante, que está formado por algo más de 753.000 autónomos con rendimientos netos de más de más de 1.700 euros verán elevada su cuota (si cotizaban por la mínima hasta la fecha) entre los 310 y los 500 euros en 2023. Todas estas cuotas cambiarán hasta el año 2025 cuando oscilarán, con estos mismos 15 tramos, entre los 200 y los 590 euros al mes. Si bien esto es solo una primera fase del nuevo modelo. El Gobierno y los agentes sociales deberán pactar una nueva senda de tarifas para el periodo 2026-2031. Los autónomos podrán cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a la previsión de ingresos de su actividad en cada época del año.

 

El PP votará a favor pero pedirá tramitación como ley

El Gobierno tiene garantizado que sacará hoy adelante esta reforma después de que el PP anunciara ayer que apoyarán la aprobación del decreto con sus 86 votos. No obstante, los populares exigirán que se tramite como proyecto de ley para introducir modificaciones y, en concreto, frenar el aumento de la tarifa plana a 80 euros al mes para los nuevos. Aunque fuentes conocedoras de la dinámica parlamentaria aseguraban ayer que, casi con toda seguridad, y debido a que el decreto ya entrará en vigor el 1 de enero, los plazos de presentación de enmiendas podrían alargarse de forma que los cambios no lleguen en esta legisatura. Esta reforma es una de las exigidas por Bruselas para abonar los fondos europeos y, por lo tanto, la Comisión deberá analizar su impacto en las cuentas de la Seguridad Social para dar el visto bueno al pago siguiente.

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