La solidaridad, en tiempos de crisis, puede ser verde
Impuestos como el español a las energéticas puede afectar a la inversión en infraestructuras, y pagarse a largo plazo
El Gobierno de España acaba de anunciar un impuesto, de carácter excepcional y temporal, a las grandes corporaciones energéticas y financieras, con el que espera recaudar 7.000 millones en dos años. La inflación, en niveles no vistos desde abril de 1985, la incertidumbre del suministro energético y el temor a una fuerte desaceleración postvacacional está obligando a los Gobiernos europeos a reaccionar con medidas que, a priori, parecen cortoplacistas.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta de Rusia, principal proveedor del gas y el crudo que se consumen en Europa, a las sanciones de Europa ha llevado a los combustibles a precios que se sitúan en máximos históricos. La crisis se ha visto agudizada por la falta de autonomía energética del viejo continente, donde países como Alemania, Polonia o Hungría, que importaban de Rusia más del 50% del gas que consumen, se ven obligadas a buscar otros aliados energéticos en el norte de África, Oriente Próximo o América. En resumen, la dependencia europea del exterior se conjuga con una baja interconexión de sus redes de transporte de gas y electricidad, lo cual hace muy difícil que la solidaridad entre países pueda mitigar, al menos en parte, los posibles problemas de suministro que se vaticinan a partir del otoño.
El alza en el precio del petróleo y el gas natural hacen que el precio del resto de bienes y servicios vaya también en aumento y, por tanto, que la población vea disminuido su poder adquisitivo. En este entorno, vemos cómo ante nuestros ojos se abre un escenario de hiperinflación y rápida desaceleración económica que, como se aprecia en la apertura de esta tribuna, ya está llevando a los Gobiernos europeos a la toma de complejas decisiones.
Con el objetivo de dar la vuelta a esta situación, toda Europa, en mayor o menor medida, está poniendo en marcha medidas de contención. Tanto la UE como Reino Unido han aumentado significativamente las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos que llega al 49% de la demanda europea, aproximadamente el doble de la participación observada en 2021. Otra opción para asegurar el suministro es la tomada por Alemania, que ha optado por dar marcha atrás y reabrir alguna de sus viejas plantas de carbón, que había prometido desmantelar de cara a 2030. Por su parte, España está también estudiando la posibilidad de mantener operativa la central de carbón de As Pontes, que en un principio iba a dejar de funcionar a finales de 2022.
Ante esta situación de incertidumbre, el Gobierno español ha optado, además, por crear ese nuevo impuesto que grava, en exclusiva, al sector energético y financiero. El objetivo: recaudar 7.000 millones de euros en los próximos dos años para financiar medidas como la gratuidad de los abonos de transporte, la reducción del IVA de la luz o la concesión de becas complementarias a estudiantes para, en definitiva, paliar los efectos de la inflación.
Desde Bruselas, se pide cautela a los Gobiernos europeos en el diseño de nuevos tributos y se advierte de que deben ceñirse a los beneficios extraordinarios, de forma temporal y sin efectos retroactivos.
¿Somos los únicos en Europa tomando estas decisiones que afectan a sectores concretos? No, otros Gobiernos como Bélgica, Italia o Hungría coinciden con España en las bondades de los impuestos para las grandes eléctricas y bancos, asegurándose de esta manera la recaudación de millones de euros que invertirán en políticas sociales y que, posteriormente, les permitirán aminorar el efecto de la inflación sobre la población. El impuesto italiano a las empresas de energía grava con un tipo del 25% los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas y espera recaudar cerca de 11.000 millones de euros. Por su parte, Hungría espera recaudar 4.120 millones con un impuesto a bancos, aseguradoras y eléctricas.
¿Es esta la solución? Puede que lo sea en el corto plazo y nos ayude a capear las primeras olas del temporal que se avecina, pero no podemos desdeñar el impacto negativo que tendrá sobre la financiación de la economía y la inversión que se requiere en infraestructuras energéticas; y eso se paga muy caro a largo plazo. ¿Debemos aparcar la estrategia de descarbonización de Europa hasta que mejore la situación? No creo que podamos permitírnoslo. El plan de recuperación y resiliencia está más vigente que nunca y nos está pasando factura la falta de celeridad en su ejecución, uno de los puntos débiles de la vieja Europa, por cierto.
Vamos hacia un otoño frío y un invierno que lo será aún más, y la Comisión Europea pide solidaridad entre los Estados miembros haciendo uso de las limitadas interconexiones energéticas existentes hoy en día. En esta misma línea, ha preparado un plan de contingencia para los próximos meses.
Recaudar a través de impuestos es un modo de ver la solidaridad; avanzar en el desarrollo y la optimización de infraestructuras y, de paso, impulsar la descarbonización y la transición energética, puede serlo también si pensamos a medio plazo en la competitividad de la economía europea y en el planeta que dejaremos a las próximas generaciones.
Francisco Ruiz es socio responsable de ‘energy & utilities’ en Metyis