El Gobierno llevará a los tribunales a las comunidades insumisas
El PP confirma que cumplirán con el ahorro energético exigido por el Gobierno central en todas las administraciones que gobiernan
La ministra para la Transición ecológica y reto demográfico Teresa Ribera ha asegurado hoy que habrá “que dar un margen” para que las empresas puedan seguir la normativa del plan de ahorro energético aprobado por el consejo de Ministros la semana pasada. En declaraciones a la Cadena SER, Ribera tuvo en cuenta las posibles dificultades que pueden llegar a tener los pequeños comercios a la hora de adaptarse al ahorro energético. Si bien son las comunidades autónomas las que deben acompañar la puesta en marcha de las medidas.
Además añadió que no cree que las autoridades autonómicas implanten multas “inmediatamente” a aquellos comercios que aún no cumplan con la medida del Real Decreto-ley.
Dicho esto, la vicepresidenta también lanzó una advertencia: el Gobierno recurrirá a los tribunales a las comunidades insumisas si las llegara a haber. “Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional; hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos”, señaló la ministra para la Transición Ecológica, quien insistió en la flexibilidad de aplicación las medidas y destacó que la colaboración de las comunidades autónomas es “capital”.
Siguiendo en la línea de las sanciones, la ministra quiso recordar que las multas “no es lo que importa” y señaló como objetivo de la medida; “encauzar la voluntad de aportar el esfuerzo colectivo”.
La vicepresidenta tercera explicó, por ejemplo, que el real decreto ley es una “normativa básica y que se modula con el derecho laboral que protege el contexto en el que se desarrollan determinadas funciones y establece una temperatura diferente para proteger los alimentos” en los casos que sea necesario.
A pesar de ello, añadió que “en este sentido, hay que vigilar el cumplimiento, pero también favorecerlo, no sancionar inmediatamente”. En otro tercio, Ribera se mostró crítica con la Comunidad de Madrid, por ser una de las cinco comunidades (Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia) que solicitaron la retirada del decreto, y defendió que; “nadie pidió que se apagase Madrid”, recordando que eso no es competencia de la Administración General del Estado.
En cualquier caso, el Ejecutivo, tras la reunión del lunes con las comunidades, abrió un plazo hasta el 22 de agosto con el fin de solucionar las posibles dudas de las autonomías a la hora de aplicar las medidas de la ley y para que las regiones aporten sus propuestas alternativas a las del Gobierno.
De momento, toda España estrenó la pasada media noche la mayoría de las medidas de ahorro, cuya vigencia llegará a 2023 en algunos casos.
En este contexto, fuentes del PP aseguraron que han solicitado al Gobierno, informes técnicos y jurídicos que avalen las medidas del plan de ahorro energético. Aunque han asegurado que lo cumplirán en todas las administraciones donde gobiernan. No obstante, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida aseguro que el Palacio de la Cibeles (sede del consistorio) no se apagará a las 22.00 horas. También alabó la decisión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de recurrir al Tribunal Constitucional las medidas gubernamentales. Almeida declaró que “en España el Tribunal Constitucional está para algo y nadie debería criticar que alguien recurra a él. El problema lo tienen aquellos que pierden en el Tribunal Constitucional, como el Gobierno de la Nación con los estados de alarma”.
En el terreno internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, celebró que varios países de la UE estén aplicando ya planes para el ahorro energético que precisa Bruselas para garantizar el abastecimiento cuando llegue la estación fría. Dijo en su cuenta de Twitter que “el ahorro de energía es vital para la seguridad energética de Europa”.
