Inflación: un mal dato que oscurece el otoño
Las medidas adoptadas por el Gobierno hasta ahora son más voluntaristas que efectivas
A la hora de analizar cualquier indicador económico, hay que determinar bien qué se mide y a quién afecta. Una primera cuestión en lo que se refiere a la evolución de los precios es aclarar que los índices de precios no son en sí mismos una medida de la inflación, sino que es precisamente la tasa de crecimiento de ese índice de precios a lo que llamamos inflación.
Se pueden utilizar diversos indicadores para medir el nivel de precios; el deflactor del PIB y el IPC son los más habituales. Uno y otro son diferentes porque miden cosas distintas, por ejemplo, el deflactor no incorpora los precios de los bienes adquiridos de segunda mano, en tanto que el IPC sí lo contempla. De igual manera, el deflactor incorpora todos los bienes producidos en el país, y el IPC, solo los consumidos por los hogares.
De esta manera, el precio de la vivienda de segunda mano no influye en la inflación si se tiene en cuenta el deflactor. Sin embargo, es evidente que afecta muy directamente al bolsillo de las familias. De la misma manera, la subida de los bienes de equipo no afecta al IPC en tanto que repercute en el deflactor.
Por eso, el IPC es el índice de precios que más vigilan economistas y políticos, porque es el coste de la cesta de unos aproximadamente 600 productos que consumen los hogares habitualmente.
El dato de julio ha hecho realidad las peores previsiones. Funcas y CEOE preveían una incremento del nivel de precios que soportan los consumidores por encima del 10% por segundo mes consecutivo. El dato ha sido finalmente del 10,8%, el peor en los últimos 38 años.
El INE señala que los productos que han tenido peor comportamiento han sido alimentos, bebidas no alcohólicas, calzado, vestido y electricidad. De seguir cumpliéndose las predicciones de Funcas, España terminaría el año 2022 con una inflación del 8,9%.
La inflación es como la fiebre que se presenta en el curso de una enfermedad: hay que entender las causas para poder afrontar la patología. En este caso, entre las causas está, en primer lugar, el aumento del consumo que se ha experimentado en el segmento de las rentas medias y medias-altas.
En los dos años de restricciones a la movilidad por la pandemia, algunos hogares aumentaron el ahorro y, finalmente, han pesado más las ganas acumuladas de vacaciones estivales que las malas expectativas económicas.
Por sectores, lideran la subida de precios en estos meses estivales los billetes de avión y los precios de la hostelería. Además, el gasto corre a cuenta del turismo nacional, que ha compensado de sobra la caída del extranjero, como el ruso o el chino.
Un factor que ha dejado de presionar al alza es la cadena de oferta de materias primas, como ocurrió a partir de la crisis sanitaria, con la consiguiente subida de precios.
En estas condiciones, la política monetaria ortodoxa dicta una subida de tipos de interés para frenar la subida de precios vía reducción del consumo.
Existe un segundo elemento que está influyendo negativamente en los precios: la depreciación del euro respecto al dólar. El resultado es que para pagar los productos que son adquiridos y pagados en dólares, es necesaria más cantidad de euros, dada la debilidad de la moneda europea.
Las perspectivas para el otoño son desalentadoras. Lo lógico es que aumente la conflictividad social: los sindicatos defenderán subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, en tanto que la patronal se apuntará a la moderación salarial para doblar la curva de inflación.
El Gobierno entrará en sus propias contradicciones. Las medidas adoptadas hasta el momento son más voluntaristas que efectivas y afrontar otras medidas tiene coste electoral.
La subvención a la compra de combustible no ha logrado compensar la subida de otras partidas, y otras decisiones controvertidas, como los impuestos a los sectores bancario y energético, requerirán de gran carga burocrática y de control para que no se termine repercutiendo al cliente en un mercado en que la demanda es excesivamente rígida.
El problema de una política de control salarial es que generaría problemas electorales en vísperas de un 2023 cargado de convocatorias, y más tensiones en el seno del Gobierno de coalición. En cambio, una posición más laxa tendría serias consecuencias sobre la economía española.
Pero lo más esperado es la dimensión de la subida de los tipos de interés que ejecutará el BCE. Ante unos datos que indican un problema estructural de precios y no de coyuntura, es muy probable una reacción drástica de la señora Lagarde.
La subida del precio del dinero no afectará solamente a las familias, que consumirán menos, o a las empresas, que verán limitadas sus inversiones y, por tanto, su expansión, sino que tendrá consecuencias para el Gobierno.
La deuda pública española ronda el 120% del PIB; la subida de tipos del BCE supondrá un incremento considerable de los intereses pagados por el Estado, además, por supuesto, de las consecuencias sobre la prima de riesgo.
El mes de septiembre será especialmente duro para el sector de población que cuenta con menos recursos y que gasta su renta en alimentación y energía, fundamentalmente.
En la UE será especialmente relevante la evolución de los datos de inflación de Alemania, así como el riesgo de recesión al que apuntan la mayoría de previsiones, y sus consecuencias sobre los países del entorno.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías