Los sindicatos denuncian la precariedad del personal que lucha contra las llamas
Los operativos de extinción son competencias de las CC AA Según CC OO muchos de ellos son fijos discontinuos
Este verano se ha cumplido 17 años de la tragedia del incendio de Guadalajara que acabó con la vida de once bomberos forestales. Como consecuencia, José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno en aquel momento, decidió crear la Unidad Militar de Emergencia (UME), una fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas con el fin de intervenir de manera rápida y eficaz en cualquier parte del territorio en caso de catástrofe. Desde que la UME empezó su actividad en 2007 ha realizado 631 intervenciones de las cuáles, 451 han sido en incendios forestales, según lo recogen datos del Ministerio de Defensa.
En el momento en el que se detecta un fuego por parte de los vigilantes forestales o por un alertante, el protocolo de actuación es jerárquico conforme a los cuerpos que acuden al punto crítico. Estos protocolos de actuación, dependen de las comunidades autónomas (CC AA) aunque sí que hay un protocolo a nivel estatal. Existen tres niveles que determinan la violencia del fuego, parte del nivel 0 hasta el nivel 3, aunque este último nunca se ha decretado en la historia del país. En caso de que esto llegara a ocurrir serían los militares quienes tomarían el control de la situación. La forma de actuar en cada nivel también es competencia de las autonomías. La UME solo intervendría al llegar al nivel 2 y si la comunidad autonómica lo solicita al Ministerio de Defensa. Las CC AA son las que deciden en qué medida los trabajadores que luchan contra los incendios dependen del sector público.
A raíz de situaciones laborales ‘impropias’ durante años, los sindicatos, CC OO, UGT y CSIF, están trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un anteproyecto de ley que está en fase de borrador, en colaboración con las Comunidades Autónomas. Los operativos de extinción de incendios son competencias autonómicas. Los sindicatos denuncian un “desajuste en la gestión de los operativos forestales”. Los trabajadores dependen de subcontratas y de las subastas de contratación de las comunidades. Estos contratos no son fijos, desde CSIF aseguran que “van variando, de 4 a 6 meses (fijos discontinuos)”, provocando inestabilidad para el trabajador y que este “tenga que buscarse otro empleo para poder sustentarse el resto del año”.
Marcelino Arribas, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, alertaba de que esto implicaba que los trabajadores de estos operativos no siguieran trabajando al año siguiente porque han encontrado otro empleo más estable. Provocando problemas de experiencia y profesionalidad en el sector. Por ello, en el anteproyecto se exige una formación y acreditación común para todo el territorio nacional. En este estatuto básico de Bomberos y Bomberas Forestales se pretende acabar con la precariedad de las personas que trabajan en la prevención y extinción de incendios, además entre otros aspectos, se busca establecer una formación uniforme para todas ellas.
Los trabajadores que desarrollan su labor en los bosques, a pesar de no ser bomberos, tienen un contrato en el que se le “exigen” según cuentan los sindicatos, acudir a la extinción de un incendio en caso de que suceda del siniestro. Actualmente hay en España 19 categorías profesionales distintas para denominar a estos trabajadores. Esto impide una homogenización, cuya solución sería conseguir “una única denominación profesional”. CC OO ha asegurado que al no tener esta distinción profesional, los riesgos laborales reconocidos se limitan y no corresponden a la actividad que desempeñan, como por ejemplo la toxicidad a la que pueden llegar a estar expuestos, peligrosidad o enfermedades provocadas por la respiración de humo. Por lo que se pide en el Estatuto, una aplicación de riesgos laborales fiel a las verdaderas actividades que realizan. Por el momento, el informe está en borrador y en fase de negociación con las autonomías.
Cuerpos contra las llamas
El único plan a nivel estatal es la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. Según CC OO, más de 15.000 personas trabajan en España en la extinción de incendios cada día. En esta labor, hay varios cuerpos que intervienen, estos pueden ser puestos privados mediante subcontratas de empresas o plazas públicas que sacan las propias autonomías, como es el caso de las Brigadas Forestales dentro del plan INFOCA en Andalucía. Los empleados que no son funcionarios son trabajadores de subcontratas como es el caso de Tragsa, una empresa pública dependiente de la SEPI que tiene como misión proporcionar soluciones a las administraciones públicas.