Posibles consecuencias para las pymes por el fin de la moratoria concursal

CEPYME advierte de que en septiembre aumentarán las quiebras en empresas

moratoria concursal

Las quiebras en empresas podrían aumentar a partir del mes de septiembre. Así lo advierte la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) en alusión al fin de la moratoria concursal que se prolongó hasta final de junio.

Ahora, los empresarios que tengan un negocio en una situación de insolvencia deberán solicitar la declaración formal de concurso de acreedores. Así, los acreedores tras dos años de moratoria podrán poner en marcha este procedimiento para solicitar el pago de sus deudas.

Representantes de CEPYME advierten de que será en septiembre cuando se presenten la mayoría de los procedimientos, ya que agosto es un mes inhábil en los juzgados de lo Mercantil. Además, recuerdan que se dio dos meses de plazo para presentar de manera voluntaria el concurso.

La demora, añaden, se debe también a que la nueva ley Concursal se encuentra aún en trámite parlamentario, por lo que “algunas empresas esperarán antes de presentar su expediente por si les beneficia la nueva norma”. Además, desde CEPYME piden que se prevea el posible colapso de los juzgados de lo Mercantil para después del verano. Eso, añaden, “tendrá un importantísimo coste económico para las empresas”.

Nueva ley

Desde CEPYME también esperan que la nueva ley beneficie a la mayoría de las pymes a medio plazo, aunque no influirá en las microempresas que se encuentran en riesgo de insolvencia. Según detallan, estas empresas se acogerán al procedimiento abreviado de concurso de acreedores “debido a que una gran parte ha agotado su patrimonio durante la pandemia”.

Insisten en que la situación de las pymes es “preocupante, ya que a la extensa duración de la pandemia se suma ahora la actual crisis inflacionaria, que no ha dado margen para que las empresas se hayan podido recuperar de posibles problemas de solvencia”.

Entre los cambios que se incluyen en la nueva normativa destaca una menor burocracia a lo largo del proceso y menores costes para las pymes y microempresas sin patrimonio. El nuevo texto también plantea potenciar los planes de reestructuración y facilitar las ventas de unidades productivas. No obstante, “a corto plazo, estos instrumentos no podrán beneficiar a la mayoría de las empresas que arrastran meses de insolvencia”, señalan desde la organización.

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