CEOE pide al Gobierno que se moje con el sueldo de los funcionarios y las pensiones
Tras la primera reunión, todo queda abierto para septiembre, mientras los empresarios y los sindicatos, enfrentados por las cláusulas
La reunión para negociar un pacto de rentas entre los agentes sociales y el Gobierno del pasado miércoles que contribuya a resolver los grandes problemas de la economía española, tuvo los prolegómenos de las grandes citas.
La presencia de un alto número de ministros y los números uno de sindicatos y patronal, hacía presagiar que se iban a tratar temas vitales para sacar adelante al país, amenazado por una inflación desbocada de dos dígitos y los temores de que tras el verano la sombra de la recesión pueda asentarse sobre la economía española.
Finalmente y tras más de dos horas de reunión, la cita desilusionó ya que apenas se abordaron temas concretos, dejando las asignaturas fuertes, pendientes para septiembre.
La crítica compartida por sindicatos y patronal, se ha centrado en que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño no aportó ninguna medida concreta y que tras poco más que enunciar la realidad de la economía, acuciada por la inflación, transmitió la necesidad de actuar y hacerlo durante un periodo de tres años.
Plazo que se prolongará hasta 2025, precisamente el escenario comprometido por España ante Bruselas y plasmado en el programa de estabilidad presupuestaria. Desde el
Gobierno no se quiere ceder ni un ápice en el objetivo irrenunciable del 2,9% del PIB en 2025. Este es el mensaje que Calviño quiere trasladar a Bruselas, que está mirando con lupa la economía española de cara al levantamiento de la suspensión de las reglas fiscales, y cerciorarse que se están haciendo las cosas bien tras las ayudas recibidas.
Por parte de los empresarios, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó ayer para pedir responsabilidad al Gobierno en el compromiso del pacto de rentas, no dejando únicamente el asunto en manos de los agentes sociales. El papel de los funcionarios es vital para alcanzar este objetivo de control de salarios y ello es responsabilidad del Gobierno, vino a decir Garamendi. Pero la propuesta de los empresarios además se amplia con la introducción en la negociación de las pensiones.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también terció en el asunto y pidió que se incluya al sector público. La postura de los empresarios es bien conocida, no se cierran en banda a una subida de los salarios, siempre y cuando no se referencien a la inflación, lo que alentaría una temida espiral de precios-salarios.
Los sindicatos, por su parte, ya han dejado para septiembre la negociación y su enfoque va dirigido hacia el control de los beneficios empresariales. Aquí es donde está el principal punto de enfrentamiento con los empresarios, ya que siguen defendiendo la inclusión de cláusulas de garantía salarial ligadas al IPC.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que “las empresas están trasladando los costes a los productos que fabrican o a los servicios que venden y nadie puede pretender que los trabajadores no trasladen a los salarios al coste de la vida o que no se traslade a las pensiones”. Mantiene su amenaza de que si no hay acuerdo habrá movilizaciones.
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