¿Reformar la cartera de servicios bucodentales sin el sector privado?
Francia, Reino Unido, Alemania o Suecia tienen un modelo de cooperación público-privada, que ya existe también en algunas comunidades autónomas
La ampliación de las prestaciones bucodentales en el Sistema Nacional de Salud (SNS) lleva tiempo en la agenda social y política de nuestro país. Es una materia que flota sobre un aparente consenso ciudadano y político, pero a la que lamentablemente también acompaña una gran diversidad de propuestas con diferentes modelos de inclusión y alcance de la misma, que en última instancia entorpece y dificulta su implementación.
El actual sistema público de atención bucodental, o no sistema, como lo apoda parte de la doctrina, se ha traducido territorialmente en regímenes distintos de prestación asistencial, en desigualdades crecientes en función del lugar de residencia, en desatención pública de la mayor parte de la población y en la inexistencia de un grado de elegibilidad según gradiente socioeconómico, incluso para los colectivos cubiertos en la actualidad.
A este respecto, la nuevaorden por la que se amplía, actualiza y concreta la cartera común de servicios del SNS propuesta por el Ministerio de Sanidad supone un primer paso aún tímido en la ampliación de la cartera –con una dotación extraordinaria de 44 millones de euros en los PGE 2022– y en la homogeneización territorial del sistema, máxime si se tiene en cuenta la prevalencia de la enfermedad, la carga económica que genera y sus efectos sobre el bienestar y la calidad de vida de la población.
Desde luego, y a pesar del esfuerzo, la propuesta del Ministerio, como he señalado, es tímida y no propone una auténtica reforma del sistema, quedando muy alejada de los 5.423 millones de euros que diversos estudios calculan que costaría financiar públicamente la totalidad de los tratamientos odontológicos bajo un modelo de colaboración entre el sector público y privado.
Cualquier reforma del sistema de atención pública bucodental debe, primero, perseguir y garantizar la máxima equidad entre los ciudadanos y pacientes. Para ello, debe estar basada en una asignación eficiente de los recursos públicos, pero adicionalmente debe apoyarse en la capacidad ya instalada por el sector privado, contratando bajo modelos de colaboración público-privado, para lo cual resulta necesario el establecimiento de unos principios rectores.
En primer lugar, la ampliación debe realizarse desde el universalismo proporcional, es decir, las medidas deben llegar a todos, pero con una escala e intensidad proporcionales a la situación socioeconómica de cada individuo, con especial atención a los colectivos más vulnerables, tales como niños y niñas, mayores, personas dependientes y con enfermedades mentales.
En segundo lugar, la reforma del sistema de atención bucodental debería estar enfocada en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento tempranos de las enfermedades bucodentales, junto con la restauración de la función cuando esta haya resultado afectada. En este sentido, una de las estrategias más efectivas consistiría en la promoción, por parte de las autoridades sanitarias, de al menos una visita anual al dentista, según la tipología del paciente, tal y como afirma y recomienda el Consejo General de Dentistas.
En tercer y último lugar, se deben implantar modelos asistenciales en colaboración con el sector privado, como ya ocurre en la mayor parte de países de nuestro entorno, y en algunas de las comunidades que presentan mejores resultados en los programas públicos de atención dental, como el País Vasco. En este sentido, si comparamos los sistemas de prestación bucodental en Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia, el modelo pasa por la implicación del sector privado en el sistema público de salud bucodental como forma de incrementar la accesibilidad y capilaridad del sistema, facilitar la libertad de elección de los pacientes en relación con los profesionales, derecho este irrenunciable por parte de la ciudadanía, y ampliar la red de asistencia lo máximo posible.
Estos sistemas se articulan en torno a la subvención total o parcial de los tratamientos, por un lado, y la regulación de las tarifas para los tratamientos cubiertos por parte del correspondiente sistema nacional de salud por otro. La resultante es una cobertura mucho más extensa en términos de población y de prestaciones y una política de salud bucodental mucho más desarrollada y avanzada que la que existe en los países del sur de Europa.
En España, habida cuenta de que ya existe un sistema asistencial prestado esencialmente por el sector privado en su totalidad, la mejor manera de ampliar la cobertura en términos de coste y eficiencia es mediante la colaboración público-privada. De esta forma, se conseguiría aprovechar toda la capacidad instalada actualmente en el sistema, que el INE cifra en unos 38.000 dentistas colegiados y más de 21.000 clínicas en todo el territorio nacional.
Esta modalidad de prestación realizada en conjunción con el sector privado ocurre principalmente, y salvando las grandes diferencias entre regiones, en Andalucía, Murcia, Aragón, Baleares, Extremadura, Canarias, Navarra y País Vasco, siendo esta última la comunidad pionera en su implementación, que data de los años noventa. Desde entonces, y esencialmente el País Vasco, Navarra y Baleares, muestran altos niveles de utilización del programa que redunda en unos indicadores de salud bucodental para los colectivos incluidos en el programa equiparables a los mejores publicados a nivel internacional.
Si bien este es un reto del sector, las compañías líderes en el ámbito de servicios odontológicos cobran una especial importancia en el impulso de estos modelos de colaboración entre el sector público y el privado. La capilaridad territorial de las mismas, la experiencia comparada en distintos países y comunidades autónomas, así como el número de profesionales involucrados hacen de estas unas aliadas naturales para las autoridades sanitarias en el desarrollo de un buen acceso de los ciudadanos a servicios de salud bucodental y para continuar elevando los estándares del sector.
Javier Martín Ocaña es CEO Grupo Vitaldent