La abogacía madrileña cierra su 425 aniversario reivindicando protagonismo en la justicia
Los exministros Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han abogado por desbloquear la renovación del CGPJ
Este viernes ha tenido lugar la clausura de la semana de celebraciones por el 425 aniversario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. La torre de la IE University ha acogido durante dos días distintos foros en las llamadas jornadas académicas donde los expertos han debatido sobre los retos de la abogacía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcade de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, han puesto el brofe final a esta efeméride. Una conmemoración en la que se han dado cita más de 5.000 abogados y abogadas se han dado cita en los distintos actos. En total, más de 150 especialistas, procedentes de diecisiete países y tres continentes, han compartido sus análisis y reflexiones en los debates celebrados en la Casa de América, la IE University y la sede colegial.
El acto de clasura ha sido precedido de un debate en el que han participado los exministros de justicia Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo. El propio decano del ICAM, José María Alonso, y la decana del IE Law School, Soledad Atienza, anfitriones del evento, han intervenido como moderadores.
Alonso ha apremiado a los responsables políticos a desencallar de una vez por todas la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa y ha elevado la voz de los más de 76.000 profesionales colegiados en Madrid para reivindicar un mayor protagonismo de los juristas en la elaboración normativa, a cuyo desarrollo ha contribuido de manera decisiva el colegio madrileño a lo largo de su historia. Cuatrocientos veinticinco años marcados por el compromiso de la abogacía con la defensa de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. "Me niego a que se nos considere meros colaboradores de la justicia", se ha quejado el decano. Alonso ha transmitido a los exministros que el sentir de la abogacía es que era considerada como "última prioridad".
Los exministros Juan Fernando López Aguilar, Alberto Ruiz Gallardón, Rafael Catalá y Juan Carlos Campo han abordado entre otras cuestiones la renovación del Consejo General Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Constitucional, la independencia y la organización judicial. En primer lugar, todos ellos han coincidido en que liderar el ministerio de Justicia es sinónimo de hacer continuos equilibrios entre los distintos colectivos. Como ha expresado Catalá, "confluyen intereses no siempre coincidentes de los colectivos. A nosotros nos toca arbitrar y equilibrar". Gallardón ha apuntado que en el ministerio no hay suficiente presupuesto, porque "los gobiernos no lo han establecido como prioridad" y, así, es muy difícil poder contentar a todos. "Todo el mundo cree que tienes un poder que no tienes", ha señalado.
Bloqueo del CGPJ
Sobre el bloqueo que desde hace años sufre el proceso de renovación del CGPJ, y que ahora se cierne sobre el Tribunal Constitucional, los cuatro exministros han coincidido en señalar el grave daño reputacional que esta situación imprime sobre el sistema de justicia en su conjunto, generando comparaciones injustas con otros estados como europeos en los que el Estado de derecho sí se encuentra en riesgo, y trasladando a buena parte de la ciudadanía una percepción errónea de falta de independencia que afecta a toda la planta judicial.
En este punto, López Aguilar ha subrayado el grave daño que está sufriendo la institución y España al ser comparado en Europa con países como Polonia, donde el ministro de Justicia decide lo que deben hacer los jueces. El punto crítico lo ha puesto Ruiz Gallardón. "Todas las formaciones políticas hemos tenido una vocación de intromisión, y nos hemos equivocado", ha reconocido. Cuando la Constitución dice que es necesaria una mayoría cualificada para elegir al consejo, subrayó, esto no significa que se consagre un sistema de reparto numérico de sillas. Los elegidos, subrayó, "tienen que ser de todos". "Prefiero el sistema de veto que el de reparto", concluyó.
En cuanto a la posibilidad de regresar a un modelo en el que sean los propios jueces quienes elijan a sus vocales, el exministro ha mostrado su escepticismo al considerar que fueron las propias asociaciones judiciales quienes deslegitimaron el modelo abusando de él. Durante los años en que algunas de estas asociaciones tenían mayoría en el CGPJ, el 80% de los nombramientos recaía en el 50% de los jueces que estaba afiliado, y el otro 50 % solo tenía acceso al 20 % restante, ha criticado, de manera que “las asociaciones se convirtieron en un sistema de canalización de los intereses de sus asociados”.
Por su parte, Juan Carlos Campo considera que el problema no está en el sistema en sí sino en la gestión del mismo: “sistemas de elección hay muchos, ni mejores ni peores, el problema es no creerse el modelo”, ha declarado. Y ha añadido un matiz: si el mandato del constituyente y de la ley orgánica que regula el proceso de elección es claro, en el sentido de que debe ser renovado cada cinco años, lo primero que hay que hacer es renovarlo. “Tengamos un modelo, creamos en él, y a partir de ahí mejorémoslo, debemos empeñarnos en que funcione y no en bloquearlo, y es en lo que muchas veces nos enredamos”, ha lamentado.
En esta misma línea se ha expresado Juan Fernando López Aguilar, para quien el CGPJ no es un órgano judicial, sino político, que debe ser respetado y preservado por los actores políticos en la función que tiene asignada. “Renovar de acuerdo con las reglas vigentes es absolutamente inexorable, y luego se puede hablar de reformas”, ha señalado.
Cambio de cultura
Respecto a los problemas que aquejan al sistema de justicia en su conjunto, los ponentes han compartido buena parte del diagnóstico y han ofrecido diversas soluciones.
Juan Carlos Campo ha defendido la fórmula del consenso. Para los problemas de la justicia "no hay soluciones mágicas ni baratas", ha recalcado. El exministro ha señalado que es un cometido que nunca tiene fin, y, para evitar que las grandes reformas encallen es preferible acudir al consenso que esperar un gran pacto de Estado. Así, ha recordado, es como se gestó el proyecto colectivo del plan Justicia 2030 que aún está en ejecución. Campo ha lamentado que en este siglo se haya judicializado en exceso la sociedad ante la ineficacia del legislador. Una deriva peligrosa, ha asegurado, porque el poder judicial no está llamado a llevar ese peso.
En opinión de Rafael Catalá, para cambiar de verdad la justicia hay que cambiar la cultura de la Administración, lo que significa trabajar con las personas que aplican las leyes, incorporar modelos organizativos o transformar tecnológicamente las estructuras. “El foco hay que ponerlo en la transformación de la organización, en las personas, en los procesos organizativos y en la tecnología”, solo con ese enfoque se logrará un “cambio de mentalidad” para que la Justicia funcione de forma razonable.
Madrid y su Colegio
Tras las intervenciones de los exministros, el alcalde del Ayuntamiento y la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañados por los anfitriones del evento, José María Alonso y Soledad Atienza, han clausurado oficialmente la semana grande del ICAM.
Para finalizar la jornada, el decano del ICAM ha realizado un balance de los actos conmemorativos de la corporación, resumido en siete verbos: recibir, recordar, reivindicar, reconocer, compartir, recordar y motivar. Con este último verbo ha querido infundir la idea de "ser conscientes de la importancia que tenemos para la defensa de los ciudadanos y el Estado de derecho y, en definitiva, para la defensa de las libertades y los valores democráticos"
En su discurso, Martínez-Almeida ha subrayado los lazos que unen a Madrid con su Colegio de la Abogacía, “indisolublemente asociados” no solo en el pasado sino también de cara al futuro. “Larga vida al Colegio de Abogados”, ha deseado, recordando que los 425 años han sido una historia de éxito sustentada sobre el talento de sus integrantes, una búsqueda del talento que se ha convertido en el elemento determinante para el progreso de la sociedad.
“No se entiende Madrid sin su Colegio de Abogados.”, ha señalado por su parte la presidenta de la Comunidad, agradeciendo a los abogados por “defender a millones de madrileños cada año y por garantizar una justicia universal para todos”. La abogacía de Madrid, ha continuado, conoce “como nadie la importancia de nuestro Estado de derecho, a lo que dedican su vida”. Al fin y al cabo, “una democracia plena como la española solo se consigue con una justicia independiente cuyo acceso está garantizado de manera universal, por eso es tan necesario el ICAM”, ha remarcado.
“Los abogados sois esenciales para garantizar la libertad de la ciudadanía y una pieza esencial además a la hora de acercar el Derecho. Y es que sin justicia no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad. Por eso tenéis todo el apoyo de la Comunidad de Madrid y nuestro compromiso de seguir trabajando juntos”, ha declarado Ayuso, quien se ha comprometido a seguir garantizando “la Justicia Gratuita, el Turno de Oficio, la tutela judicial efectiva de todas las personas que carecen de recursos y la mejora de las condiciones profesionales de las personas que se dedican a ello, con una inversión que siga creciendo año a año”.