La SEPI autoriza el rescate de Celsa y los acreedores reclaman el 75% del capital

El organismo público manda la ayuda de 550 millones a Bruselas, pese a no contar con un acuerdo de reestructuración

La SEPI acelera los plazos para rescatar Celsa en 10 días. El organismo público ha dado luz verde al rescate de la compañía, por 550 millones, este viernes y remite el expediente a Bruselas. Para ello, la compañía ha alcanzado un acuerdo de mínimos, alcanzar un pacto que cumpla con las condiciones de la SEPI y seguir negociando. Los acreedores ya lo han hecho y han lanzado un órdago, quedarse con el 75% del capital.

La ayuda de Celsa es la mayor que la SEPI tiene previsto realizar sobre una empresa española. Y, como supera los 250 millones, debe contar con el visto bueno expreso de Bruselas. El Gobierno espera que la Comisión Europea se demore menos de una semana en tomar una decisión, para que el próximo viernes el consejo asesor remita la operación al Consejo de Ministros. Y que se apruebe en la última reunión del mes, la del 28 de junio.

La ayuda de SEPI se compone de dos tramos. Uno es un préstamo participativo, por 280,5 millones, y otro ordinario, de 269,5 millones. Celsa podrá dedicar 400 millones de los que inyecta la SEPI y otros 50 millones en una ampliación de capital para amortizar deuda, que asciende a un total de 2.300 millones. El resto del importe de la ayuda, 150 millones, se dedicarán a financiar el plan estratégico de la compañía.

La SEPI ha ponderado el carácter estratégico de la compañía catalana, que da empleo a 5.000 trabajadores y cuenta con 120 centros de trabajo en nueve países. El organismo público afirma haber analizado "la situación jurídica y económica, el impacto sufrido por el Covid, el plan de viabilidad de la compañía y el proceso de reestructuración con sus acreedores".

Negociaciones

Pero lo cierto es que ese proceso de reestructuración aún no ha terminado. La compañía lleva semanas negociando a cara de perro con sus acreedores —liderados por los bancos Deustche Bank y Goldman Sachs y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global—, puesto que una de las condiciones que la SEPI había puesto al acuerdo era que la empresa y los dueños de su deuda alcanzasen un pacto para reducir el pasivo, que alcanza los 2.300 millones, en 1.000 millones.

Las posiciones siguen muy enconadas. Pero, al menos, las partes se han compromeitido a alcanzar un acuerdo para cumplir las condiciones de la SEPI, que se basan en dejar el pasivo de la compañía a la mitad y reforzar el capital. El problema ahora está en cómo hacerlo.

El paso dado por la SEPI este viernes da más margen para ello. Fuentes próximas a la operación consideran que el compromiso de empresa y acreedores por ceñirse a las condiciones del ente público es suficiente para que la operación sea aprobada por Bruselas y el Consejo de Ministros. Piden que el acuerdo para concretar cómo cumplir esas condiciones llegue antes de la firma de los contratos de financiación, que puede tener lugar más allá del 30 de junio, la fecha tope que  marca Europa para gastar el dinero del fondo de rescate. Si no hay acuerdo antes de la firma de los acuerdos, la ayuda pública nunca llegaría a Celsa.

La última propuesta de los acreedores ha llegado a la vez que la decisión de la SEPI. Y ha sido todo un órdago y un golpe encima de la mesa. Piden quedarse con el 75% del capital a cambio de aportar la ampliación de capital de 50 millones que los Rubiralta habían pactado con la SEPI. También aceptan asumir una quita de 580 millones y reclaman crear un instrumento preferente de 550 millones en la Bolsa de Luxemburgo a cobrar en siete años, cuando se devuelvan las ayudas públicas.

Las posiciones parecían más próximas en las últimas jornadas. Los fondos habían renunciado a su petición inicial, de tomar el 49% del capital, a cambio de que la familia catalana les garantizase parte de los beneficios futuros de la compañía. Proponían quedarse con los primeros 550 millones que la empresa generase tras devolver el rescate público; y del resto, obtener el 49%.

La última propuesta de los acreedores complica más el acuerdo. Para los Rubiralta una línea roja clara era ceder ni una sola acción de la compañía, mucho menos la mayoría, como ahora proponen los fondos. Estaban más abiertos a transigir con las otras propuestas, aunque nio veían con buenos ojos que ese nuevo instrumento estuviese domiciliado en Luxemburgo y escapase de la legislación española.

La familia catalana acusa a sus actuales acreedores de haber adquirido la deuda a precio de saldo. Y que estos solo quieren obtener amplios réditos de la empresa. Los acreedores afirman que la compañía lleva varios impagos de su pasivo y amenzan con un concurso de acreedores.