Hacienda remite a Bruselas el plan para el empleo de los fondos estructurales europeos
Su dotación se eleva a 36.682 millones de euros para el periodo 2021-2027, pero movilizará inversiones por 59.772 millones
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido formalmente el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 a la Comisión Europea para su aprobación definitiva, que recoge el plan para usar los fondos estructurales, dotados con 36.682 millones de euros.
Se trata de un documento de carácter estratégico, elaborado por cada uno de los Estados miembros, en el que se recogen las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).
En conjunto, el Acuerdo de Asociación supone una inversión total de 59.772 millones de euros, para la que se contará con una ayuda de la Unión Europea de 36.682 millones de euros, sin incluir los 683 millones de los Fondos de Cooperación Territorial Europea.
Según explica el Ministerio que encabeza María Jesús Montero a través de un comunicado, la suma de los fondos incluidos en el Acuerdo supone un incremento del 15% respecto a los obtenidos en el periodo 2014-2020.
En concreto, el FEDER contará con una dotación total de 23.397 millones de euros distribuidos en 19 programas regionales y un programa plurirregional, mientras que para el FSE se destinarán 11.296 millones de euros, repartidos en 19 programas regionales y 4 programas plurirregionales: El Programa Plurirregional de Empleo, Formación Profesional y Educación de España; el Programa Plurirregional de Empleo Juvenil; el Programa Plurirregional de Inclusión y Lucha Contra la Pobreza y la Pobreza Infantil; y el Programa Plurirregional de Privación Material.
Por su parte, el FEMPA, con 1.120 millones, y el FTJ, con 869 millones, contarán con un programa plurirregional cada uno de ellos. Los programas de los distintos fondos serán a continuación remitidos formalmente a Bruselas con vistas a su aprobación.
Esta inversión se organiza en torno a cinco grandes áreas políticas, en las que cobra especial relevancia el apoyo a la investigación, la digitalización, el apoyo a las pymes, la eficiencia energética, la transición verde y la inversión de carácter social.
Concretamente, España contará con cerca de 8.000 millones de euros de ayuda europea para reforzar la investigación, apoyar a las empresas y favorecer la digitalización, mientras que destinará más de 9.500 millones de euros a la mejora de la eficiencia energética, el despliegue de energías renovables, actuaciones de adaptación al cambio climático, la implantación de un modelo de economía circular y atención a la biodiversidad.
De su lado, una dotación de 1.500 millones se concentra en el desarrollo de corredores ferroviarios, garantizar la accesibilidad ferroviaria a los puertos de interés general y apoyo al uso de vehículos limpios y mejora del servicio de transporte público.
Otro de los objetivos es la inversión social, que cobra una especial relevancia en el periodo actual, con la atención al empleo, la educación, formación profesional, inclusión y lucha contra la pobreza y pobreza infantil. Esto se traduce en 12.600 millones de euros de ayuda destinados a la cohesión social.
Por último, la financiación europea para actuaciones de desarrollo urbano y no urbano, a través del diseño de programas de inversión integrada, se sitúa por encima de los 2.100 millones.