Celsa se acerca al acuerdo con los acreedores para desatascar la ayuda de SEPI

Tratan de alcanzar un pacto antes del consejo asesor del viernes

Tras meses de cerrado conflicto, Celsa y los acreedores se preparan para una fumata blanca inminente. La idea es alcanzar un acuerdo lo antes posible, para que el consejo asesor de la SEPI, que se reúne este viernes, desbloquee un rescate que llega contrarreloj. El principal escollo sigue siendo el importe del instrumento con el que los acreedores esperan beneficiarse de los derechos económicos que Celsa genere en el futuro.

El calendario principal pasa por que la SEPI avance en su consejo gestor del viernes. El consejo asesor de la entidad pública trabaja con la idea de remitir la operación este viernes, por la que inyectará 550 millones de euros en la compañía catalana, a Bruselas. La Comisión Europea debe validar la operación, dado que supera los 250 millones, y reenviar el expediente de vuelta a la SEPI.

Está previsto que el próximo viernes este organismo ya haya recibido el visto bueno de Bruselas y remita la operación al consejo de ministros, que dará el sí definitivo el martes 28 de junio. Los plazos son extremadamente ajustados, dado que el Ejecutivo no podrá autorizar ningún rescate empresarial más allá del 30 de junio.

El encono entre los acreedores y la compañía ha llevado al límite la operación. La SEPI, que ya había considerado a la compañía catalana como susceptible de recibir ayudas públicas, solo puso una condición: que la empresa pactase una reestructuración con sus acreedores para rebajar la deuda desde los 2.300 millones actuales, en unos 1.000 millones.

En el caso de que las negociaciones entre la empresa y los fondos sigan durante el fin de semana, la siguiente fecha para que la SEPI se reúna y mande la documentación a Bruselas es el martes, lo que dejaría a la Comisión Europea con apenas dos días para revisar la documentación. Y que esta vuelva a la SEPI el próximo viernes y llegue al último consejo de ministros del mes, el del viernes 28 de junio. También se baraja convocar reuniones extra del consejo de la SEPI o incluso un consejo de ministros extraordinario para el próximo día 30, si fuera necesario.

Las posiciones iniciales no podían estar más alejadas. Los acreedores admitían una posible quita, siempre que los Rubiralta aceptasen convertir parte de la deuda en el 49% del capital. Y creasen un instrumento preferente, emitido en Luxemburgo, por 700 millones. La familia catalana ha sido inflexible y reclamaba que aceptasen una quita de más de 1.000 millones sin contrapartida, aludiendo al alto descuento al que los actuales dueños de esta deuda la habían adquirido a los bancos. Este grupo de acreedores está conformado por los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs y los fondos Anchorage, Capital Group, Attestor Capital, Cross Ocean Partners, GoldenTree Asset Management, Sculptor Capital Management y SVP Global.

Las posiciones se comenzaron a mover a principios de semana. Los acreedores renunciaron al principal escollo para salvar la operación, la entrada en el capital, en un comunicado con palabras gruesas para los Rubiralta. Los accionistas empezaron a transigir con ese instrumento lanzado en Luxemburgo, con el que los acreedores querían obtener parte de los beneficios futuros de la compañía.

El importe y las características de este instrumento han sido los principales escollos a salvar. Los acreedores planteaban recibir que en siete años, una vez se devuelvan las ayudas públicas, quedarse con los 550 primeros millones que genere la compañía. Y, del resto, repartir el 51% a los Rubiralta y quedarse con el 49%. La familia catalana les ofrecía 400 millones.