Johnson presenta la ley que rompe con el protocolo irlandés del Brexit

Bruselas acusa a Londres de romper la confianza y el acuerdo

El primer ministro británico, Boris Johnson.
El primer ministro británico, Boris Johnson.

Nuevo desencuentro entre Londres y Bruselas a raíz del Brexit. El Gobierno británico presentó finalmente este lunes en el Parlamento el proyecto de ley que pretende anular unilateralmente partes del protocolo suscrito con la Unión Europea sobre Irlanda del Norte que forma parte del acuerdo del Brexit. Entre otras medidas, la nueva legislación prevé eliminar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las disputas referidas a Irlanda del Norte.

El protocolo, destinado a evitar una frontera física entre la provincia británica y la República de Irlanda -que sigue en el mercado único comunitario-, establece controles aduaneros a los bienes que van de Gran Bretaña Irlanda del Norte, lo que, para los políticos norirlandeses unionistas (probritánicos), amenaza la integridad territorial del Reino Unido.

El vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, advirtió de que la intención británica de dejar de aplicar de manera unilateral el protocolo para Irlanda que incluye el acuerdo del Brexit es "una fórmula para la incertidumbre" y será "dañino para la confianza común". Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que la nueva ley que permitirá a su Gobierno anular partes del protocolo “no es gran cosa" y solo introduce "ajustes triviales" para que funcione mejor.

Con esta ley, el Ejecutivo británico sustituirá unilateralmente las disposiciones que negoció en 2020 con la Unión Europea (UE) por otras que considera más beneficiosas para el Reino Unido.

El líder conservador argumentó que los cambios propuestos por suministra de Exteriores, Liz Truss, son en realidad "ajustes triviales en el contexto más amplio" de la situación y explicó que arreglar los fallos es un mero "cambio burocrático" y es "relativamente sencillo hacerlo.

Opinó que sería "una gran exageración" si Bruselas reacciona instigando una guerra comercial y dijo que lo que trata de hacer Londres es "simplificarlas cosas para eliminar las barreras al comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte".

En sus declaraciones a los medios, negó además que el Reino Unido esté violando la legislación internacional al actuar de manera unilateral sostuvo que prevalece "respetar el acuerdo del Viernes Santo" de 1998, que puso fin a décadas de conflicto armado en Irlanda del Norte y que, según Londres, se está viendo amenazado.

El protocolo está diseñado para evitar una frontera física entre la provincia británica y la República de Irlanda, algo indispensable para mantener la paz en la región entre protestantes y católicos. Fue uno de los asuntos más espinosos de las negociaciones entre Bruselas y Londres para, precisamente, intentar no romper los famosos Acuerdos del Viernes Santo. Según la parte británica, la mayor burocracia del nuevo sistema, que ni siquiera sea aplicado aún en su totalidad, ha provocado escasez de suministros exacerbado la crisis en la región británica.

El texto, que el Reino Unido asegura que no viola la legislación internacional, incluye una disposición para ser revocado en el caso de que Londres y Bruselas lleguen eventualmente a un pacto bilateral. Estas son las cuatro áreas que el Reino Unido percibe como problemáticas y las soluciones que propone, según recoge Efe:

Procesos aduaneros

A fin de eliminar costes y trámites para las empresas que comercian solo dentro del territorio británico, el Gobierno conservador propone mediante esta ley crear un "carril verde" que eximiría de controles aduanerosy sanitarios y fitosanitarios innecesarios a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en Irlanda del Norte.

Para poder entrar en esta vía rápida, las empresas deberán estar registradas en un nuevo programa de "comerciantes de confianza" supervisado por las autoridades, con penalizaciones para los infractores.

Los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados a la Repúblicade Irlanda, integrada en el mercado único comunitario, irán por un "cana lrojo", en el que se realizan todos los controles de mercancías requeridos por la UE.

Londres se compromete a compartir con Bruselas, a través de un sistema informático gubernamental, datos en tiempo real de los movimientos comercialesa fin de prevenir abusos.

Doble regulación

El protocolo obliga a los bienes que entran a Irlanda del Norte a cumplir con la normativa de calidad comunitaria, al margen de si se quedan allí o continúan hacia Irlanda.

El Ejecutivo británico propone que las empresas que solo comercian con Irlanda del Norte puedan elegir si se rigen por los estándar escomunitarios (CE), los británicos (UKCA) o ambos, lo que a su juicio ahorra ráburocracia y costes y asegurará que los consumidores norirlandeses tengan acceso a todos los artículos producidos en el Reino Unido.

Ventajas fiscales

El Gobierno británico considera que, debido a las normas comunitarias sobre subsidios estatales, el protocolo le impide aplicar en Irlanda del Norte desgravaciones fiscales y otras ayudas que concede al resto del Reino Unido, como descuentos en el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o el acceso a préstamos durante la pandemia.

El proyecto de ley le da competencias para ofrecer a las empresas y productos que operen solo en Irlanda del Norte las mismas ventajas que se aplican en el resto del país, mientras que los requerimientos de la UE se seguirían imponiendo sobre las compañías y mercancías con destino al mercado único.

Solución de disputas

El Reino Unido ve injusto que la provincia de Irlanda del Norte (que, en virtud del protocolo que el propio Gobierno británico firmó en 2020, permanece en el mercado único comunitario para bienes) deba regirse por normas dictadas desde Bruselas, que no son aprobadas por sus propias instituciones autonómicas.

También está en desacuerdo con que las disputas tengan que ser resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un sistema judicial que pertenece a solo una de las partes.

El nuevo proyecto de ley propone introducir un sistema de resolución de disputas que prescinda del TJUE y en última instancia permita recurrira un arbitraje independiente.

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