Los caseros perderán 1.000 millones de euros con la nueva limitación del 2% a los alquileres
Los inquilinos de San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid son los que más dinero ahorrarán en un contexto de fuerte inflación
La prórroga del plan anticrisis desplegado en marzo por el Gobierno para hacer frente a la escalada de la inflación supondrá, en la vertiente residencial, una pérdida de ingresos de 1.000 millones de euros para los propietarios de vivienda en alquiler. El paquete de medidas, que inicialmente estaría en funcionamiento hasta el 30 de junio, se extenderá hasta el 30 de septiembre, tal y como anunció ayer el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El plan hasta ahora vigente incluye medidas como la controvertida rebaja de 20 céntimos en el combustible para todos los usuarios, pero también la limitación al 2% de la revisión anual de los contratos de alquiler.
Este tope supone que los grandes propietarios (a partir de 10 inmuebles) a los que les toque aplicar la revisión anual del contrato tendrán prohibido subir el alquiler más de un 2% sobre el precio fijado en el documento. Es decir, hasta esa fecha ninguna actualización de la renta podrá ser mayor a ese porcentaje. En el caso de los pequeños propietarios existe la posibilidad de que se negocie el límite entre las partes. Sin embargo, en caso de que no se alcance el consenso primará el mismo límite.
La pérdida de 1.000 millones a la que se enfrentan los caseros proviene de un cálculo del portal inmobiliario Idealista. Entre el 1 de abril y el 30 de junio, periodo en el que inicialmente estaría en vigor el pan anticrisis, el coste ascenderá a cerca de 560 millones de euros, a repartir entre grandes y pequeños propietarios. Con la extensión hasta el 30 de septiembre, y teniendo en cuenta las previsiones de inflación que se manejan, la pérdida de dinero sumará otros 480 millones. En total, unos 1.040 millones.
La limitación de las revisiones al 2% promovida por el Gobierno intenta contrarrestar los efectos que la inflación provocaría en las familias que viven arrendadas. Cabe recordar que según los datos adelantados por el INE esta semana, el Índice de Precios al Consumo (IPC) habría repuntado en mayo hasta el 8,7%. De confirmarse la cifra, los inquilinos a los que les tocase la revisión anual en junio tendrían que haberse enfrentado a un aumento proporcional de la renta. Un alquiler de 900 euros mensuales, por ejemplo, se habría encarecido en casi 950 euros anuales. Con la limitación al 2%, la subida superaría por poco los 200 euros al año.
La actualización de las rentas conforme a la inflación tiene una serie de reglas. Tal y como explica Macarena Redondo, abogada en Legálitas, no todos los alquileres funcionan bajo el mismo patrón. De manera general, en los contratos firmados antes del 31 de marzo de 2015, cuando se hizo la última gran reforma, el propietario tiene derecho por ley a actualizar las rentas conforme a la subida de los precios al año de la firma entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, “los caseros que hayan cerrado el contrato a partir de abril de 2015 solo podrán actualizar la renta si así queda reflejado en el documento”. En ambos casos, añade Redondo, el arrendatario tiene que recibir una comunicación oficial por parte del arrendador.
La prórroga de la medida anunciada por el Gobierno supone un "golpe" para los propietarios según explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. "La prolongación de la medida supone un nuevo golpe para el ya maltrecho parque de viviendas en alquiler. El Gobierno mantiene la presión sobre los propietarios de vivienda, mayoritariamente particulares, sin ofrecer ninguna contraprestación ni ayuda por ello", recalca.
Según los datos del portal inmobiliario, los alquileres de San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid son los más afectados por la medida. El precio mediano en estas capitales, con ese tope del 2% en el incremento de rentas, quedarían en 918 euros al mes en Donosti, 867 euros en la capital catalana y Bilbao y 800 euros en Madrid, respectivamente. Con la última tasa de inflación publicada, sin embargo, las nuevas rentas actualizadas se habrían colocado en 978 euros en San Sebastián, 924 euros en Barcelona y la capital vizcaína, y 870 euros en Madrid.
Por todo ello, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) asegura que "estamos estudiando medidas legales, a las que podrán sumarse cualquier propietario de viviendas en alquiler en España, para reclamar compensaciones al Estado por el perjuicio causado por la intervención inasumible en las rentas". Aunque la organización no dispone de estimaciones del impacto sí considera que "esta medida carga sobre los propietarios, que también están sufriendo la escalada de la inflación, el problema social de la vivienda sin recibir ningún tipo de compensación".
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