Los alumnos de FP cotizarán a la Seguridad Social el periodo de prácticas

El Gobierno subvencionará el 90% de la cotización y los estudiantes de la modalidad intensiva tendrán una relación contractual con la empresa

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Todos los alumnos de Formación Profesional que sean mayores de 16 años y realicen prácticas en empresas cotizarán a la Seguridad Social. El Gobierno subvencionará en un 90% el coste de estas cotizaciones, según lo ha anunciado este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría. La medida implicaría que el 10% restante lo ponga la empresa. Así lo han confirmado a este medio fuentes sindicales próximas a la negociación, pese a que el ministerio ha evitado precisar este detalle. En cambio, sí han especificado que se trata de una cotización solo de contingencias comunes (pensiones e incapacidad temporal), por lo que deja fuera la prestación por desempleo. El objetivo es que entre en vigor el próximo curso académico.

Pese a que todos los alumnos de grado medio y superior cotizarán a la Seguridad Social, solo aquellos que estén inscritos en la modalidad intensiva tendrán un contrato laboral con la empresa en la que hagan las prácticas. Cabe recordar que la gran novedad de la ley, aprobada el 23 de marzo, era que toda la FP tendrá carácter dual. Es decir, todos los estudiantes pasarán un tiempo trabajando en activo. Ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo. Hasta ahora, el mínimo de horas lectivas era de un 11% y el máximo de un 30%.

Una vez aprobado el marco legal, la negociación deberá pasar por cada territorio. En la práctica, esta condicionante hará muy difícil que la totalidad del alumnado empiece a cotizar en septiembre, tal como lo plantea el Ministerio de Educación. La nueva ley precisa que cada Comunidad Autónoma y centro educativo debe negociar con las entidades empleadoras las condiciones para cubrir el total de horas, lo que puede llevar meses.

A fin de agilizar los trámites, la normativa simplificará las altas y bajas de los estudiantes en la Seguridad Social para que puedan agruparse por cursos escolares o trimestres. Se trata de una medida en sintonía con las demandas del sector  privado, que desde el inicio de las negociaciones habia exigido dotar al sistema de una flexibilidad en las contrataciones.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, la ministra ha destacado la “ambición” de esta reforma que “producirá efectos significativos en la estructura del sistema educativo, ayudará a reducir el paro juvenil y contribuirá a la modernización del tejido productivo”. En efecto, con esta nueva ley, el Gobierno pretende reducir el desempleo, en especial el juvenil, a través de potenciar una rama educativa que tradicionalmente ha sido relegada. En la actualidad, sólo un 12% de los alumnos en España están matriculados en FP, según el Ministerio de Educación, esta cifra pone al país muy lejos de la media europea, que es del 25%, y aún más distante de Alemania, cuya tasa es del 40%.

Precisamente a finales de 2021, el Banco de España pidió ampliar de manera selectiva las plazas para las FP más demandadas. El informe de la entidad bancaria ponia de manifiesto la urgencia de que España adecue los conocimientos y aptitudes de los trabajadores a los requerimientos de los puestos de trabajo que las empresas demandan.

El cambio de la FP se hará gracias a una inversión de 7.700 millones de euros hasta 2025, 2.200 de los cuales proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre los ejes de actuación del plan de modernización está la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, cursos de especialización bilingües y la acreditación permanente de competencias profesionales. También se apuesta por la formación de personas sin empleo.