Estas son las bases para presentarse a las oposiciones de médico, policía e inspector de Hacienda
Los procesos selectivos de todas las plazas aprobadas recientemente por Hacienda deben publicarse antes del 31 de diciembre de 2022
El Gobierno aprobó el martes la mayor oferta de empleo público de la historia: 44.788 plazas, de las que 34.151 corresponden a la oferta ordinaria (la suma de las de nuevo ingreso y la promoción interna) y 10.637 a la estabilización de personal interino. Del total de plazas ordinarias, la gran mayoría corresponden a la Administración General del Estado (AGE). Así, por ejemplo, se han abierto 84 vacantes de médicos titulares, 55 de veterinarios, 80 de ingenieros industriales del Estado, 140 de inspectores de hacienda, 11 meteorólogos, 40 para facultativos de seguridad penitenciaria, 30 para carrera diplomática, o cuatro para astrónomos.
Más allá de la AGE, el Consejo de Ministros ha aprobado casi 5.000 plazas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ese total, 2.906 son para el Cuerpo Nacional de Policía y el resto para la Guardia Civil. Además, hay 1.951 vacantes para las Fuerzas Armadas, 1.732 para la Administración de Justicia y cinco para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los procesos selectivos de todas las plazas públicas deberán publicarse antes del 31 de diciembre de este año, "salvo causa justificada que acredite su imposibilidad". A su vez, todos los procesos selectivos deberán estar finalizados antes de que transcurran tres años desde la aprobación del real decreto, que entró en vigor el 26 de mayo. Pese a que el BOE aún no publica las convocatorias para las pruebas selectivas de la nueva oferta, los criterios de selección suelen ser siempre los mismos. Es el caso de las oposiciones para médicos, inspectores de hacienda, veterinarios o policías aquí descritas.
De manera general, para poder participar en cualquier concurso se exige tener entre 16 y 65 años de edad y contar con la nacionalidad española. Es indispensable acreditar la capacidad funcional para desempeñar las tareas que correspondan al puesto, tener la titulación que se exija en cada plaza, y no haber sido separado mediante un expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos de las Comunidades Autónomas.
Para tener derecho a opositar se puede exigir no haber sido condenado por algún delito doloso. Es el caso de las fuerzas de seguridad, en donde también se exige el cumplimiento de ciertos requisitos físicos. En cualquier caso, los aspirantes deberán pagar una tasa por derecho a examen que varía en función de la plaza. Están exentos del pago las personas que estén desempleadas al menos un mes antes de la publicación de cada convocatoria. También quienes sean miembros de una familia en la que haya cinco hijos o más, y las víctimas del terrorismo. En cualquier caso, el nuevo decreto ha introducido novedades en materia de selección con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos.
Los funcionarios se dividen en tres grupos (A, B y C) en función del nivel de formación requerido para cada plaza. En el primer grupo se exige estar en posesión del título universitario de grado; es el caso de los abogados del Estado, astrónomos, inspectores de hacienda y los ingenieros aeronáuticos. Para el B es necesario tener el título de Técnico Superior, es el caso de los ingenieros técnicos forestales, para los que el Ministerio ha abierto 15 plazas. Para el C, que se subdivide en dos, puede ser el título de bachiller o técnico, o el graduado escolar, según el caso. Aquí se sitúa el general administrativo de la administración del Estado, en donde hay aprobadas 2.918 plazas de nuevo ingreso.
El salario promedio de cada funcionario varía en función del grupo al que pertenece. Según el Ministerio de Hacienda, en 2022 el sueldo base de un funcionario A1 es de 16.392 euros anuales. El del grupo B de 12.853 euros; el del C1 de 11.040 euros y el del C2 de 9.358 euros. Los empleados públicos tienen dos pagas extras al año y existen complementos por una serie de conceptos entre los que destaca destino y productividad que pueden hasta duplicar el salario base.