Los funcionarios de élite exigen becas para estudiar las oposiciones más difíciles
Fedeca pide al Gobierno que no reduzca los ejercicios de conocimiento en las pruebas del grupo A1
La reforma del acceso a la función pública que prepara el Gobierno desde hace meses inquieta al alto funcionarado, que teme que se abra la puerta a métodos de selección que menoscaben el grado de exigencia bajo la excusa de fomentar la diversidad territorial y social. Fedeca, la organización que representa a los funcionarios de élite del Estado, no cree que la respuesta esté en reducir los ejercicios de conocimiento en las oposiciones, tal como baraja la Administración. Apela, en cambio, a implementar un sistema de becas que permita a los candidatos de menor renta dedicarse a preparar las pruebas de acceso.
El meollo del asunto está en garantizar el principio de igualdad que preside cualquier oposición. Son muy pocas las familias que se pueden permitir sufragar cuatro años o más a un estudiante que se dedica a tiempo completo a memorizar un temario. En consecuencia, los más críticos hablan de un sistema poco equitativo y endogámico. La Federación, que agrupa a más de 40 asociaciones y sindicatos de altos funcionarios, no niega la posible existencia de este sesgo, pero rechaza que la solución pase por fijar cuotas territoriales o por sector social. En cambio, proponen diseñar un sistema de becas generalizado que se complemente con créditos blandos con aval público o préstamos. También quieren reducir los riesgos de opositar, otorgando algún tipo de certificación oficial que acredite las fases que cada candidato aprobó, incluso si no consiguió la plaza. Esto serviría para su curriculum vitae.
Los altos funcionarios reconocen la necesidad de actualizar los procedimientos de acceso a la función pública para garantizar la sustitución de la masa de funcionarios que se jubilará en la próxima década. No obstante, desde Fedeca critican la “opacidad” del Gobierno en la reforma y advierten de que “una modificación sin reflexión traerá consecuencias negativas”. Lamentan además la "nula comunicación" que han tenido con el Ministerio de Hacienda en este asunto, a pesar de haber ofrecido su ayuda en múltiples ocasiones.
Los motivos que justifican la reforma, según el Gobierno, es que el sistema actual ahuyenta a muchos jóvenes del servicio público, lo que ocasiona que en ocasiones las plazas que se ofertan queden vacantes. Según los datos oficiales, solo el 12% de la plantilla es menor de 40 años y la media de edad en el caso de los A1 es de 55 años. Se estima que en menos de 10 años el 56% de los funcionarios se jubilará. Fedeca, sin embargo, no considera que las pruebas de acceso estén obsoletas. En cambio, lo achaca a un problema de plazos en los procesos de selección. Fuentes de la federación aseguran que existe un desequilibrio entre el número de plazas ofertadas y el número de opositores que se presentan, pues hasta ahora no se ha hecho un estudio que dictamine cuantas plazas hacen falta en el sector público.
Desde la federación consideran que relajar las exigencias para el acceso a la función pública generará un “efecto llamada”, aumentando este desequilibrio y reduciendo el nivel académico de los candidatos. Por eso, abogan por mantener un modelo en el que la parte teórica-memorística sea el eje central de la oposición y se complemente con la parte práctica, realizando estancias en los distintos ministerios y organismos públicos.
De manera paralela, la organización cree que el país debe informar sobre la labor del funcionariado en las universidades, pues hay un vacío de conocimiento respecto a sus tareas y servicios. Más importante, Fedeca cree que el Gobierno debe revisar al alza los salarios del grupo A1, pues considera que están "malpagados" en comparación con otros funcionarios. Pese a ello, asumen que la actual situación económica hace inviable que dicha demanda se cumpla en el corto plazo.
CSIF inicia movilizaciones mañana para exigir una negociación salarial
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) comienza este miércoles una serie de movilizaciones en toda España, para exigir al Gobierno que se sienten con ellos a negociar un aumento salarial que les permita paliar los efectos de la inflación. Según el sindicato, los empleados públicos han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010, por lo que exigen al Ministerio de Hacienda un paquete de medidas que ayude a mitigar los efectos negativos sobre las nóminas.
Entre las demandas figura la actualización de las cuantías sobre indemnización por razón de servicio, modificar la cuantía de las pensiones, asegurar que no haya desigualdades retributivas entre administraciones y fijar el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos en función de su actividad.
Según el sindicato, las protestas se dan como consecuencia del “mutismo de la ministra de Hacienda”, María Jesús Montero, con la que presuntamente han intentado sentarse a negociar desde el mes de marzo.
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