Andalucía, Cataluña y Madrid se llevan casi la mitad del dinero para formar a trabajadores y parados
El Gobierno aprueba hoy el reparto de 1.200 millones, de los 846 irán para la formación de empleados y desocupados y 393 millones para modernizar la FP
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la distribución a las comunidades autónomas de más de 1.200 millones de euros destinados al impulso de la Formación Profesional y ocupacional, de los que 393 millones se dedicarán a acciones del Plan de Modernización de la FP y 846,5 millones a la formación de trabajadores empleados y desempleados.
Así, el Ejecutivo ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, a la distribución de 846.429.590 euros a las comunidades autónomas para la formación ocupacional dirigida a trabajadores, empleados y desempleados. Esta cifra suma 163 millones más (un 24%) que en el mismo periodo del año anterior. Las comunidades de Andalucía (con 133,4 millones de euros; Cataluña, con 125,1 millones y Madrid 107,2 millones) recibirá casi la mitad de toda esta financiación.
Estos fondos, procedentes de los presupuestos anuales de Educación, irán dirigidos a formación en certificados de profesionalidad vinculada al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, siguiendo las necesidades formativas del mercado laboral.
Además, se han aprobado otros 392.965.420 euros, correspondientes al ejercicio 2022, forman parte de la inversión total de 2.075,4 millones de euros que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España destina a la modernización del sistema de Formación Profesional hasta 2023 (Componente 20), según informó hoy Educación. La cantidad aprobada este martes supera en 92 millones la destinada en el ejercicio anterior para estas acciones.
Entre las actuaciones más importantes destaca el impulso al nuevo modelo de evaluación y acreditación permanente de competencias profesionales, para el que se destinan 179,6 millones de euros. El Ministerio de Educación pretende llegar a 750.000 trabajadores y trabajadoras este año y acreditar las competencias de tres millones de personas hasta 2023.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de diez millones de personas, el 46% de la población activa, carece de acreditación profesional, a pesar de desempeñar su actividad laboral a diario, lo que dificulta su acceso a mejores empleos y condiciones laborales, así como su incorporación a la formación. En diez años, tan solo 300.000 personas han podido acreditar sus competencias siguiendo el procedimiento antiguo.
Nuevas plazas
Los fondos aprobados hoy incluyen una inversión de 103,9 millones de euros para la creación de 55.408 nuevas plazas de FP en el curso 2022-2023, que se sumarán a las que cada comunidad autónoma genere con sus propios fondos.
Además, el acuerdo recoge fondos destinados a la conversión de ciclos de grado medio, grado superior y cursos de especialización en bilingües. Para el presente ejercicio económico, prevé la creación de más de 33.000 plazas bilingües, con una inversión de 89,1 millones de euros.
El Gobierno de España ha financiado en los dos últimos cursos cerca de 130.000 nuevas plazas de Formación Profesional. Con las aprobadas hoy, el Ministerio superará antes de lo previsto el objetivo fijado en 2020 de crear 200.000 plazas en cuatro años.
Otro de los ejes de actuación del Plan de Modernización es la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada. Este año, se destinarán 13,7 millones de euros para la creación de hasta 206, que se sumarán a las 433 ya creadas.
Por otra parte, el departamento dirigido por Pilar Alegría subrayó que también asigna otros 6,6 millones de euros a la creación de 1.327 aulas de emprendimiento que se unirán a las 953 ya promovidas en los últimos dos años, potenciando así los recursos para que los estudiantes desarrollen sus propios proyectos empresariales facilitándoles los medios y una orientación profesional que les ayude a alcanzar sus objetivos.
La distribución entre las comunidades se llevará a cabo a través de un Programa de Cooperación Territorial Extraordinario, de acuerdo a diversos criterios relacionados con la población activa, la dispersión geográfica, el número de empresas o el perfil demográfico, entre otros. Estos fondos serán sometidos a aprobación definitiva en la próxima Conferencia Sectorial de Educación.