Ajuste en el 'pool'

La ‘subvención’ al gas costará a las comercializadoras en torno a los 5.000 millones

Las empresas del mercado libre, y probablemente, las reguladas, lo trasladarán a los consumidores

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer en el Congreso de los Diputados.

El mecanismo del tope al precio del gas en una media de 50 euros/MWh acordado por España y Portugal con la Comisión Europea, supondrá una compensación a las centrales de ciclo combinado (que, pese al límite, cobrarán el precio real) de unos 5.600 millones de euros durante los 12 meses de su aplicación. A ese precio, el precio mayorista se situará en unos 150 euros MWh, más algo más de 20 euros para compensar al gas, que dejará, por contra, de marcar un marginal alto del que se beneficia el resto de energías.

Dicho cálculo se basa en un precio del gas para el próximo año de 80 euros/MWh y teniendo en cuenta la producción de electricidad con gas, cogeneración y carbón  en España (70 TWh) y la producción de electricidad que se destinará a nuevas exportaciones a Francia y Marruecos (otros 34 TWh). Este coste lo asumirá “la demanda”, según un primer borrador sobre el mecanismo, esto es, las comercializadoras, que los trasladarán a los clientes del mercado libre. El coste por cliente supera los citados 20 euros MWh al año.

En principio, entre la “demanda” también figuraban las comercializadoras de referencia que suministran con la tarifa regulada (PVPC) y que no pueden trasladar dicho coste a sus clientes. Sí pueden hacerlo las liberalizados, pues incluyen en sus contratos cláusulas de revisión del precio en el caso de “cambios regulatorios” que apruebe el Gobierno. A falta de conocer los detalles de la medida, que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, es una incógnita cómo asumirán el coste las COR, que cobran, a cambio del servicio, un margen comercial. Para que lo puedan traspasar habría que cambiar la norma actual.

Ayer abundaron las declaraciones de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre un mecanismo que definió como “un reaseguro para los consumidores ibéricos”, y explicado que “habrá que distribuir” el ajuste entre el tope fijado y su precio real “entre los consumidores de energía”. En su intervención en el Pleno del Congreso, la vicepresidenta recordó que el sistema se financiará a través de una reducción muy importante de los beneficios extraordinarios de las eléctricas que emplean otras tecnologías que no se han visto afectadas en sus costes y son retribuidas al máximo precio”.

Sobre las críticas al mecanismo por parte del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante la presentación de resultados trimestrales de la compañía, que calificó de “contrario al mercado único", Ribera dijo que “el señor Galán defiende los intereses de sus accionistas, pero al Gobierno le corresponde defender los intereses de los españoles”.

Respecto a la hipotética reducción de impuestos, planteada por el PP, la vicepresidenta considera que “no basta con sustituir el pago de los consumidores por el pago de los contribuyentes, dejando unas arcas públicas lastradas, sino que es importante definir de modo distinto el precio de referencia que marca la electricidad en el mercado mayorista. Y añadió que “Es lógico que paguemos el gas al precio del gas natural, pero no que el resto de tecnologías vean incrementadas enormemente sus beneficios”.

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