Expropiaciones o peleas con el seguro: los nudos que quedan en La Palma
El servicio de asesoría jurídica gratuita ha atendido 1.700 peticiones
Hace cuatro meses que el Instituto Geográfico Nacional certificó el fin de la actividad del volcán en la isla de La Palma y los juristas del lugar aún se remangan para resolver el tsunami de conflictos legales que la erupción ha dejado a su paso. Las dudas son variopintas: desde problemas para el cálculo de las indemnizaciones o la revisión de contratos de alquiler, pasando por dificultades para demostrar la titularidad de las viviendas para cobrar las ayudas y conflictos con el Consorcio de Seguros.
Desde su creación en octubre del año pasado, el servicio de asesoría jurídica gratuita para damnificados por la erupción ha atendido un total de 1.700 casos. La mayoría de las consultas han tenido que ver con reclamaciones, coberturas de pólizas, subvenciones e indemnizaciones frente a daños.
Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, explica que, tras un primer asesoramiento de urgencia, “la mayoría de las consultas ha adquirido un carácter mucho más técnico”. Los afectados ahora cuentan con información y conocen los pasos que deben dar para presentar recursos y alegaciones frente a las “no pocas denegaciones y requerimientos” que ya llegan por parte de la Administración. “Especial importancia por su número e incidencia tienen y han tenido las consultas con relación al Consorcio de Compensación de seguros, trámites de peritación, sobreseguros e infraseguros, así como sobre el período de carencia”, agrega el decano.
Indemnizaciones
El incremento de la conflictividad ha traído un pico de trabajo en despachos como La Palma Abogados, localizado a pocos kilómetros de la boca del volcán. Vicente Rodríguez, director de la firma, recibe un 25 por ciento más de consultas que de costumbre. Aunque, puntualiza, muchas personas están acudiendo al turno de oficio, apurados por las dificultades económicas.
Entre las cuestiones que llegan a su oficina, Rodríguez destaca los problemas a la hora de calcular las indemnizaciones de las fincas afectadas total o parcialmente por la catástrofe. Sobre todo, explica, cuando “hay diferencias entre los datos del catastro y del registro de la propiedad, lo que plantea un problema a la hora de delimitar cuánta superficie en propiedad ha sido afectada”.
Otra cuestión espinosa se ha dado en el ámbito de los alquileres. Algunos propietarios han exigido la renta de casas que habían sido desalojadas. En un contexto donde muchas familias han perdido su trabajo o sus propiedades, la renegociación de las rentas a largo plazo es otra de las aristas legales que, según el abogado, se plantean.
La posible expropiación de los terrenos ‘milagro’, aquellos que han esquivado por poco la colada o que han quedado aislados entre las lenguas de lava a su paso hacia la costa, es aún otro de los líos a resolver. En especial, apunta el abogado, con la planificación de la construcción de una carretera de emergencia que atravesará la zona afectada para conectar los dos extremos de la isla, según los planes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ya hay previsto un presupuesto de nueve millones de euros para compensar a posibles propietarios afectados.
Dar una nueva calificación legal al terreno que ha invadido la lava es otro dilema legal que aún no tiene una solución clara. Francisco de Asís Palacios Criado, registrador de la isla, lamenta que en esta zona ha desaparecido “las condiciones legales de seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad” que servían de soporte a la situación urbanística previa.
Lo previsible es que, tras una confluencia de usos permitidos y prohibidos, se otorgue con el tiempo una nueva calificación según el uso que se le dé de forma definitiva al terreno. En cuanto a las edificaciones y parcelas ‘milagro’, el registrador aprecia un problema de “funcionalidad”, ya que “se mantienen en pie, pero se ha menoscabado y degradado su uso común y normal”.
Tras 85 días y ocho horas de erupción, los datos que recoge el catastro reflejan que las coladas volcánicas han arrasado un total de 1.219 hectáreas: 1.676 viviendas y construcciones han resultado total o parcialmente afectadas, junto con 370 hectáreas de cultivo.
Los juristas buscan soluciones
Notarios. El Consejo General del Notariado habilitó en noviembre tres oficinas de refuerzo para prestar ayuda gratuita a los afectados en los municipios de Los Llanos, El Paso y Tazacorte, que dirigen los decanos de los colegios de notarios de Catalunya, Canarias y Valencia. Francisco Cantos, decano del último, valora que esta labor ha sido “de máxima utilidad” en los casi cuatro meses que han trabajado sobre el terreno. Sobre todo, remarca, a la hora de recuperar documentación esencial para que los palmeros puedan demostrar que tienen una vivienda afectada.
Contratos. Situaciones como la erupción en La Palma, la guerra en Ucrania o la pandemia han puesto sobre la mesa la necesidad de regular un mecanismo para revisar contratos frente a catástrofes. Sobre esta cuestión se debatió en un congreso organizado por el Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de La Palma y el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebrado a principio de mes en la isla. Los juristas creen que es necesario promulgar una ley que permita revisiones contractuales de carácter extraordinario, la doctrina conocida como rebus sic stantibus. Esta iniciativa, defienden, permitiría mantener los contratos, los empleos y las empresas con dificultades en situaciones extremas, como catástrofes o guerras, evitando desequilibrios entre las partes.