Las demandas colectivas de alto valor exigen cambios normativos
Es hora de que en España se construya una cultura de la reclamación ante prácticas abusivas de grandes corporaciones
El rígido sistema judicial español, unido a la lenta innovación de los bufetes en la gestión de grandes litigios con un alto volumen de afectados, han puesto de manifiesto la necesidad de adoptar cambios en el sector legal que acerquen soluciones jurídicas de calidad a los clientes. En los últimos años hemos asistido a un incremento de la cultura de la reclamación frente a abusos de poder o prácticas ilícitas de grandes corporaciones, motivando la aparición de nuevos jugadores con nuevas propuestas de valor para los clientes y con soluciones jurídicas diferenciales.
Igualmente, se observan iniciativas, normativa y jurisprudencia favorable a nivel europeo que dota de herramientas legales, opiniones y soluciones jurídicas para hacer frente a las malas prácticas, incrementando la presión sobre los infractores y favoreciendo la reclamación a los afectados por dichas conductas.
En España, salvo la escasa normativa prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que otorga legitimación procesal a las asociaciones de consumidores y usuarios para el ejercicio de las acciones de clase y la extensión de la cosa juzgada en las resoluciones que se dicten como consecuencia del ejercicio de aquéllas, no encontramos un sistema que arbitre soluciones eficaces y ágiles para la litigación conjunta de reclamaciones. La ordenación de la litigación en España brindaría una solución eficiente a la saturación del sistema judicial y que en otros países anglosajones y europeos lleva años poniéndose en práctica a través de las famosas acciones de clases con resultados positivos para la sociedad, jueces y letrados.
Ahora España tiene la oportunidad de integrar un mecanismo de acción colectiva opt-out mediante la trasposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, cuyo plazo vence en diciembre de 2022, para su entrada en vigor en junio de 2023.
De esta forma, todos los afectados quedarían incluidos automáticamente en la acción de clase y mediante un único procedimiento judicial se sustanciarían todas las cuestiones en disputa, alcanzando una única decisión judicial aplicable a toda la clase representada. Esto reduciría de forma drástica la multitud de procedimientos judiciales con un mismo objeto, que favorece el colapso de los juzgados. Buen ejemplo de ello es el cártel de los camiones y los miles de pleitos que inundan actualmente los juzgados españoles, alcanzando, incluso, distintas indemnizaciones dependiendo del lugar del litigio, a pesar de que las posiciones procesales sean prácticamente idénticas.
Veremos cómo se realiza dicha trasposición. Sin embargo, no será suficiente si los operadores del mercado no se adaptan a una nueva forma de litigar. En los últimos años ya han surgido empresas que están rompiendo las reglas del juego y ofrecen a los demandantes una propuesta de valor diferente. Empresas de servicios jurídicos especializadas en demandas colectivas de alto valor que están impulsando una nueva categoría dentro del sector y una nueva forma de hacer derecho.
En otros países, destacando Reino Unido y Holanda, hay operadores legales especializados en litigios complejos que afectan a una pluralidad de personas de una forma más innovadora, eficaz y sin pérdida de la alta calidad jurídica. Resulta necesario romper la imagen que, en ocasiones, se ha instaurado en España ante este tipo de reclamaciones, asociando el alto volumen a baja calidad jurídica y mala atención al cliente.
Es hora de que en España se construya una cultura de reclamación ante prácticas abusivas de grandes corporaciones y se unifiquen, a nivel internacional, los derechos de afectados y consumidores, de la mano de operadores legales con nuevas propuestas de servicios legales. Algo que requiere de un cambio de mentalidad por parte de los despachos de abogados y jueces, potenciando la calidad en estos grandes litigios con miles de afectados y el impacto social a largo plazo.
Juan Álvarez, COO de la firma jurídica Eskariam