La indización de las pensiones al IPC alimenta la crisis inflacionaria
Cuando hace casi un año el Gobierno puso en marcha la primera fase de la reforma de las pensiones y, como parte de ella, el rescate del IPC como fórmula para revalorizar las prestaciones, se introdujo en el sistema un factor de acumulación de costes capaz de ejercer un efecto multiplicador en caso de que se produjese un fuerte incremento de la inflación. Tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social, cuya medida estrella fue precisamente esta –la indización de las pensiones al IPC medio anual–, y el rally de precios que se ha desatado en los últimos meses, agravado por la crisis energética y la guerra en Ucrania, ese escenario hipotético de hiperinflación se ha convertido en realidad. Y lo ha hecho especialmente para España, cuyas previsiones apuntan a una tasa media de en torno al 7,5% en 2022.
El impacto presupuestario que tendrá la vinculación de las pensiones al IPC en las cuentas públicas podría rozar los 14.000 millones de euros adicionales en 2023, según un análisis elaborado por el economista de la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de Fedea Miguel Ángel García. De acuerdo a ese cálculo, el gasto público total en pensiones para el año que viene se situaría cerca de 188.500 millones de euros, lo que equivaldría al 14% del PIB, 1,7 puntos por encima del nivel de 2019, año en que la factura se encontraba en la media de los países de la zona euro. Ello supondría un incremento del gasto en pensiones para España del 8,4%, de acuerdo a un cálculo basado en una inflación media anual en noviembre del 6%, a la que habría que sumar un 1,1% por el aumento del número de pensiones y otro 1,3% por el efecto sustitución. En caso de que la inflación fuese mayor, la factura aumentaría 1.700 millones por cada punto de IPC.
El recorte de previsiones de crecimiento de la economía española y del resto de Europa y la desbocada escalada de unos precios que han alcanzado cotas históricas exigen adoptar una política económica capaz de combatir la inflación en un escenario cada vez más adverso. La economía española registra una inflación superior a la media europea, con capacidad para secar la recuperación económica y poner al país al borde de la estanflación o la recesión. Con un escenario como ese, el Gobierno debe replantearse seriamente el diseño de un mecanismo de revalorización que, tal y como está planteado, constituye una bomba de relojería para la sostenibilidad de la Seguridad Social. A falta de una fórmula que actualice las prestaciones de una forma más moderada o que establezca al menos condiciones compensatorias, las pensiones pueden convertirse en un lastre insostenible para las finanzas públicas y una amenaza para la equidad intergeneracional del sistema.