Una campaña con demasiadas declaraciones de IRPF a devolver

La campaña de renta 2021, que se inauguró ayer, supone la vuelta a la normalidad tributaria tras un ejercicio 2020 atípico y fuertemente condicionado por los efectos de la pandemia de Covid 19. La Agencia Tributaria espera recibir algo más de 21,9 millones de declaraciones hasta el próximo 30 de junio, fecha de finalización de la campaña. De ellas, dos tercios –algo más de 14 millones– generarán derecho a devolución, lo que supone un importe total de 11.122 millones de euros, mientras otros seis millones de declaraciones tendrán resultado positivo y sumarán a las arcas del Estado 13.400 millones.

El porcentaje de declaraciones a devolver continúa siendo, año tras año, excesivamente alto, y evidencia las dificultades de Hacienda a la hora de ajustar los cálculos de las retenciones practicadas a cada contribuyente, pese a que las fuentes de información son cada vez más exactas y completas. Aunque, en general, el diseño del sistema de retenciones del IRPF no ha generado grandes conflictos a lo largo del tiempo, más allá de algunas sentencias que han ido puliendo su funcionamiento, –como la dictada por el Tribunal Supremo sobre el derecho del contribuyente a la devolución si la Agencia Tributaria permanece meses inactiva–, el hecho de que Hacienda disponga hasta el 31 de diciembre para realizar el abono sin necesidad de pagar intereses constituye una situación sumamente desventajosa para el contribuyente. Pese a que el diseño del modelo muestra únicamente la cara amable del proceso de liquidación –la devolución de lo que ha pagado en exceso– sería deseable una mayor eficiencia en la gestión tributaria que se tradujese en un recorte cada vez mayor en el número de declaraciones negativas.

Entre las novedades de la campaña destaca la relevancia que están adquiriendo las criptomonedas como fuente de generación de rentas. La Agencia Tributaria ha enviado avisos relacionados con criptoactivos a un total de 233.000 contribuyentes frente a los 14.800 que realizó en 2020. Existen diversas estimaciones que sitúan el número de ciudadanos españoles que operan con estos activos en los siete millones, lo que explica que Hacienda haya introducido en esta campaña una casilla específica para identificar los saldos de monedas virtuales, y ello pese a que todavía restan por aprobar los reglamentos sobre criptomonedas y software de doble uso que están previstos en la Ley de Prevención contra el Fraude. A la vista del crecimiento exponencial de estas operaciones, cuanto antes se les de luz verde, mejor.