Un endurecimiento fiscal que perjudica solo a las sicav de menor tamaño

Como si se tratase de un guion seguido hasta la última coma, el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav se ha saldado finalmente con la previsible decisión de desmantelar la mayor parte de estas sociedades. Los últimos datos publicados por la CNMV señalan que la nueva regulación, que impide a estos vehículos seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades salvo que cuenten con más de 100 socios con una inversión mínima de 2.500 euros cada uno, ha provocado que el 80% opte por su disolución o su reconversión en sociedades anónimas o limitadas. Se trata de aquellos vehículos de menor tamaño –que agrupan el 54% del patrimonio de las sicav españolas, 15.761 millones de euros– y no de los que acumulan los mayores patrimonios, buena parte de las cuales mantendrán el mismo régimen legal y la misma amable fiscalidad de que han disfrutado hasta ahora.

Pese a que el cambio regulatorio de las sicav se llevó a cabo para desterrar la figura de los mariachis, inversores que figuraban en muchos de estos instrumentos para completar, al modo de hombres de paja, el número mínimo de accionistas exigido por la ley, el resultado de la reforma ha sido la desintegración de este marco de inversión, que alcanzó su edad dorada en 2015, cuando más de 3.400 sicav acumulaban en España 34.000 millones de euros. En lugar de abordar una reforma objetiva y equilibrada, gestada con el necesario fin de combatir los excesos en que incurrieron algunas sociedades, la suerte de las sicav ha estado finalmente determinada por un discurso político fuertemente populista e ideologizado y por la incertidumbre regulatoria que ha pesado sobre el sector a lo largo de los últimos años. Como resultado de ese proceso de acoso y derribo, las sicav seguirán existiendo en España, pero únicamente como vehículo inversor para las más grandes fortunas, con capacidad suficiente como para poder adaptarse a los requisitos de la nueva regulación.

Para el grueso de las pequeñas y medianas, sin embargo, el camino ha sido la puerta y el traspaso del capital a otras fórmulas societarias o fondos de inversión, una decisión que abre el interrogante sobre qué porcentaje de ese patrimonio optará finalmente por migrar a otros mercados, uno de los riesgos en los que se ha insistido reiteradamente desde el sector financiero. Tampoco ha ganado la imagen de España como plaza financiera frente a otros destinos, como es el caso de Portugal, que emergen como refugio para este tipo de inversión.