La ‘excepción ibérica’ podría sentenciar el mercado eléctrico europeo
España y Portugal piden un tope de 30 euros/MWh para el gas y Bruselas quiere 70 euros para evitar que un gran diferencial deje en evidencia el sistema
El Gobierno optó la semana pasada por un atracón de medidas enmarcadas en un amplio plan para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Muchas las tenía listas dos semanas antes y, de hecho, barajó la opción de aprobar un primer paquete en el Consejo de Ministros del día 15 de marzo, y dejar las menos maduras para el 29, lo que hubiese aplacado, de haberse aprobado entonces el descuento a los carburantes, el malestar social y una desgastante huelga del transporte.
En medio de una crisis feroz, esas dos semanas se hicieron eternas, pero el Gobierno quiso esperar a ver el resultado de la cumbre de jefes de Estado que se celebró en Bruselas el 24 y el 25 de marzo. En ella se dirimía la medida estrella, la que realmente puede tener un efecto importante en la caída de los precios de la electriciad y que puede poner en jaque el futuro de un mercado marginalista que, hasta ahora, se ha considerado sagrado.
Junto con su homólogo portugués, Antonio Costa, el presidente, Pedro Sánchez, arrancó a Bruselas un acuerdo sin precedentes que, aunque no implica una intervención directa en el mercado mayorista (pool), pues no toca el algoritmo de casación europeo, permite a la Península compensar el coste del gas para generar electricidad, con lo que las ofertas de las centrales de ciclo combinado en el pool bajarán y, con ello, el precio marginal que cobra el resto de energías (las llamadas inframarginales: nuclear, hidroeléctrica y renovable).
Se trata de un complidado mecanismo (otro más para el enredado ovillo de la regulación electrica), según el cual, se realizarán dos subastas: una, como hasta ahora, para la demanda europea y, otra, una réplica de la primera, pero con el precio del gas limitado. La diferencia (el gas cobrará en cualquier caso su precio real) se prorrateará entre el resto de las horas y lo pagará la demanda. El inconveniente de esta medida (un auténtico banco de prueba era la presión exportadora desde Francia, que habría demandado la energía más barata del mercado ibérico (Mibel), lo que habría resultado contraproducente: a mayor demanda, mayor producción con gas, lo que habría elevado el marginal. La opción de cerrar la interconexión, que las empresas del sector llegaron a plantear, resultaba un anatema.
Aunque el sistema se ha pactado con la Comisión Europea, alegando la insularidad eléctrica de España y Portugal (con una interconexión de apenas el 2,8%) y el elevado desarrollo de renovables de ambos países (un 45% de la ca 60% de la capacidad instalada, respectivamente), queda por resolver el asunto más espinoso: el precio tope (price cap) que se fijará al gas y el plazo temporal de su aplicación. España ha propuesto el precio más bajo del gas (30 euros/MWh) que derivaría en un precio del mercado mayorista por debajo de dos dígitos. Para obtener el efecto en el pool de la generación con gas, hay que multiplicar esta por dos y añadirle el coste del CO2, peajes y, e este caso, la compensación prorrateada entre el resto de energías. Y proponen que se aplique, al menos, hasta fin de año, pues por menos tiempo no merece la pena el esfuerzo de aplicar un sistema tan complicado.
¿Y por qué 30 euros/MWh? Aunque la Comisión Europea se ha comprometido a ser flexible en la interpretación de la normativa, quiere fijar un precio más elevado, de unos 70 euros/MWh, para que el diferencial entre la Península y el resto de países no sea muy elevado, y evitar así poner en evidencia los males de un sistema marginalista que, según la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “se diseñó en los años 90 para pocos operadores y precios muy próxims”. Al poner el listón muy bajo (o no tanto, si se tiene en cuenta que el precio del gas en Estados Unidos se sitúa en 21 euroe/MWh), los Gobiernos ibéricos aspiran a conseguir en un término medio.
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, aseguró tras la cumbre europea, que una posible reforma del mercado se podría analizar más adelante, tras la propuesta que están elaborando los reguladores sectoriales europeos, a través de ACER, si bien, los técnicos de la CNMC ya han advertido que no hay que esperar mucho del informe de este organismo, que podría conocerse en abril.
Sea como fuere, la crisis enérgetica desencadenada por Rusia el verano pasado, y agudizada tras la sangrienta invasión de Ucrania, podría dar al traste con un sistema marginalista de precios, que ha quedado totalmente contaminado por un mercado del gas en manos del presidente ruso, Vladímir Putin. Entre los países partidarios de la reforma se encuentra Francia. De hecho, la idea de imponer un cap al gas, fue de la energética gala Engie, que, según ciertas fuentes, actuaba de por cuenta del Gobierno francés.
Su presidente, Emmanuel Macron, ha expresado públicamente su deseo de cambiar un mercado que les impide aprovechar su energía nuclear barata que, aunque supone un 70% de la producción, se está viendo contaminada por el precio marginal del gas, que no llega al 20%. Precisamente, para hoy, el precio mayorista en Francia registra un récord de 551 euros/MWh de media, con puntas en dos horas diferentes que rondan los 3.000 euros/MWh. Esto es debido a la indisponibilidad de varias centrales nucleares y la inesperadaola de frío.La situación ha llevado al gestor de la red francesa, RTE, a declarar la alerta naranja y recomendar una reducción del consumo.
Una proporción similar, entre energías marginales (el gas,en este momento) e inframarginales es la que tiene el mercado español: en general, un 20% y un 80%, respectivamente.
Decepción de las eléctricas
Las eléctricas españolas, que habían defendido un cap al precio del gas, para lo que incluso han hecho lobby conjunto en Bruselas, han recibido la propuesta con un claro malestar. Más aún que la otra medida perjudicial incluida en el paquete del martes pasado, por la que se les minorarán los nuevos contratos que firmen por un precio superior a los 65 euros/MWh. Al fin y al cabo, consideran en el sector, esta es una medida temporal, de momeno, hasta el 30 de junio, no es retroactiva y siempre podrán calcular si les compensa pagar la minoración o ralentizar la firma de contratos.
Pero en el caso del futuro price cap al gas, no es el que habían reclamado. Las empresas pretendían que el tope se aplicase al precio del Mibgas, pero no a las ofertas en OMIE, pues ello reduce considerablemente los beneficios extra que reciben por el precio marginal del gas. Y a ello se suman los problemas de la doble casación en las liquidaciones de los contratos en el mercado a plazo. Su intención, además, es que se subvencionara la compensación al gas o la pagasen los consumidores en la factura o a través de un déficit de tarifa.
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