Los inspectores de Trabajo en pie de guerra: desconfían del Gobierno e irán a la huelga el 30 de marzo
Trabajo ofrece contratar 200 interinos, 6 millones para productividad por objetivos y una carrera profesional pero los sindicatos dicen que Hacienda no autoriza el gasto
La reforma laboral y la lucha contra el empleo precario pueden convertirse en papel mojado si el Gobierno no se toma en serio las demandas laborales de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que son la policía encargada de hacer cumplir la normativa laboral en las empresas. Esta es la advertencia que hacía ayer Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, al Ejecutivo y, sobre todo, a su patrona, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Si bien, aunque el grueso de las negociaciones para intentar frenar esta huelga se está llevando a cabo con Trabajo, los convocantes culpan al Ministerio de Hacienda y Función Pública de no autorizar expresamente el desembolso del dinero (12 millones de euros) que ya está presupuestado y aprobado en las cuentas públicas de este año para que la Inspección mejore sus condiciones de trabajo, según fuentes de representantes del colectivo. Tras las últimas negociaciones con el Gobierno, la falta de garantías para el desembolso de esta cuantía, destinada no solo a mejoras salariales, sino también al diseño de una carrera profesional dentro de la Inspección, ha hecho que mantengan la convocatoria de huelga, detalla la secretaria general del sector de la Adminstración del Estado de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CC OO, Pilar Seoane.
No obstante, desde la Administración aseguraban ayer que los ministerios de Trabajo y Hacienda ultiman una oferta para activar las mejoras para el colectivo, por lo que en el Ejecutivo no dan por terminada la negociación. En cualquier caso, el portavoz de Inspectores de Trabajo de CSIF, Miguel Ángel Montero, recordaba ayer que los sindicatos “siguen todos unidos” y confió en que “antes del día 30 el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, mueva ficha”.
En España, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social apenas cuenta con 3.200 efectivos –frente a los más de 27.000 con los que cuenta la Inspección de Hacienda– y están en pie de guerra por la falta de personal y las distintas condiciones laborales y de trabajo dentro del propio organismo y respecto a otras áreas de la Administración.
La falta de efectivos y lo que estos trabajadores consideran “agravios salariales” y “falta absoluta de medios humanos y tecnológicos para desarrollar su trabajo” han llevado a este cuerpo de la Administración a convocar su primera huelga general el próximo miércoles, 30 de marzo. La prueba de lo concernidos que están estos trabajadores con sus quejas al Gobierno es que se trata de la primera vez que se ha logrado constituir una plataforma unitaria de todos los sindicatos y asociaciones que los representan: CC OO, FSP-UGT, CSIF, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, CIGA, FESESS, UPIT y SISLASS.
El motivo de sus protestas y movilizaciones –ayer se manifestaron a las puertas de las sedes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de todas las provincias de España– no es otro que exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo que firmó el pasado 7 de julio, en el que se sentaban las bases de este organismo tras su constitución en autónomo tras la separación de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social.
Los ejes de ese acuerdo eran la incorporación de unos 450 trabajadores de apoyo –ahora hay un técnico administrativo por cada dos inspectores frente a uno cada siete de hace cinco años–; en segundo lugar, incluía la creación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que suponía una elevación salarial de todas las categorías pero, sobre todo, el diseño de una carrera profesional para estos trabajadores. De hecho, los sindicatos convocantes del paro atribuyen a esta falta de perspectivas laborales la “fuga” de profesionales a otras áreas de la Administración. Y recogía también la creación de un servicio informático propio. "Hay inspectores que tienen que salir a la calle a imprimir documentos y pagar por ello porque no disponen de impresoras", se quejaban ayer desde uno de los sindicatos convocantes del paro.
Sin embargo, casi un año después y tras la aprobación en noviembre del Plan Estratégico de la Inspección y los Presupuestos del Estado para 2022, aún no se ha cumplido el acuerdo. Trabajo y Hacienda ofrecieron en la noche del lunes a los negociadores la contratación de 200 interinos de personal de apoyo y 6 millones de euros para salarios por cumplimiento de objetivos. Así como poner en marcha la RPT. Pero los convocantes decían ayer no tener garantías de ninguna de estas ofertas, por lo que mantienen la huelga.
“La cerrazón del Ministerio de Hacienda y Función Pública es obvia pero también lo es la debilidad del Ministerio de Trabajo que nos es capaz de defender y poner en valor el acuerdo y medidas que ellos mismos firmaron”, concluye el manifiesto de los convocantes de esta huelga.
No se cubren las plazas
La falta de personal en la Inspección de Trabajo es ya casi un mal endémico de este organismo. Ni siquiera se cubren las plazas que se convocan por oposición. En una de las últimas convocatorias, de 96 plazas se cubrieron 36. ¿Por qué ocurre esto? Pilar Seoane (CC OO) lo explica: “no es que sea difícil, es que las condiciones laborales son tan malas que no atraen a la gente a presentarse”.
Así, esta representante sindical cita la ausencia de carrera profesional en la que ir subiendo de escalafón, la doble escala salarial que hace que los inspectores que entran nuevos cobren 300 euros menos que los más antiguos, o el hecho de que las guardias sean de 24 horas durante una semana pero solo se pague por el fin de semana, algunas de las cuestiones que hacen poco atractivos estos puestos. Además, recuerda que en Europa países con los mismos activos que España tienen justo el doble de inspectores de Trabajo (6.000).
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