La movilidad sostenible mete la primera con la nueva ley de tráfico

Este lunes entra en vigor la norma, que prevé una multa de 200 euros por entrar en una zona de bajas emisiones

La movilidad sostenible mete la primera con la nueva ley de tráfico
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Este lunes entra en vigor la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial, con cambios muy importantes y significativos para los conductores. Esta norma se enmarca en la cada vez más necesaria modificación de la regulación de la movilidad y el transporte para adaptarlo a un contexto cambiante donde confluyen factores demográficos, laborales, de ocio y medioambientales.

Desde ahora, sujetar el móvil con la mano mientras se conduce supone perder seis puntos del carné, en lugar de los tres anteriores. Si el cinturón de seguridad, la silla infantil o el casco se utilizan mal o no se utilizan, se perderán cuatro puntos. Antes eran tres. Y hasta seis puntos menos si no se cambia de carril para adelantar a ciclistas. En todas estas infracciones la multa asciende a 200 euros.

La DGT recaudó el año pasado alrededor de 400 millones de euros en multas de tráfico, un ranking que encabezan Madrid y Sevilla. Con las nuevas sanciones, se prevé que esta cifra aumentará.

Otra novedad es que los conductores menores de edad no podrán circular con una tasa de alcohol superior a cero. Además, los llamados alcoholock (sistemas antiarranque si se ha bebido) serán parte del equipamiento de serie para el transporte de viajeros por carretera que se matricule desde el 6 de julio de 2022.En los adelantamientos, los turismos y las motocicletas ya no pueden superar en 20 km/h los límites de velocidad máximos en carreteras convencionales. Por otro lado, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de dos años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos.

Zonas de bajas emisiones

Ante la diversidad de ordenanzas de los diferentes municipios, una de las medidas de la ya vigente ley de tráfico que más preocupa a los conductores es la nueva infracción grave por no respetar los requisitos de acceso a una zona de bajas emisiones (ZBE), que supondrá 200 euros de multa, aunque sin pérdida de puntos.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética las califica como el ámbito delimitado por los ayuntamientos en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, según la clasificación de estos por su nivel de emisiones.

Los municipios con más de 50.000 habitantes y aquellos con más de 20.000 habitantes con problemas de contaminación tienen obligación de aprobar antes de finalizar 2023 una zona de bajas emisiones. Una situación que puede generar inseguridad entre los conductores por desconocer las diversas limitaciones de acceso a estas ciudades.

Barcelona y Madrid son, por el momento, las únicas ciudades con amplias zonas donde los coches de combustión más antiguos no pueden circular en determinados horarios. Sevilla, Valencia o Valladolid también cuentan con sus propias ZBE, pero solo se activan los días de más contaminación.

Movilidad sostenible

Una norma esencial para conciliar sostenibilidad y tráfico es el anteproyecto de ley de movilidad sostenible ya presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Consejo de Ministros. Pese a su considerable extensión (107 artículos), está previsto remitirlo este año como proyecto de ley a las Cortes Generales para que pueda aprobarse antes de finalizar 2023, cumpliendo así los compromisos adquiridos al respecto con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los juristas consultados coinciden en la oportunidad de esta norma. Claudia Hernández Sepúlveda, directora del área de consultoría de Pons Mobility, considera el anteproyecto como “un avance, aunque, probablemente, sea insuficiente”. “El derecho a una movilidad digna es una herramienta básica para garantizar la igualdad en el desarrollo de una sociedad”, asegura.

Con esta nueva ley, que sustituirá la norma en vigor desde 1987, se pretende construir el marco normativo que permitirá coordinar las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas Administraciones para responder mejor a la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Como destaca Jabier Gómez, asociado principal del departamento de derecho administrativo de Garrigues, la aprobación de la futura ley de movilidad incluye cuestiones relacionadas con “la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, mejora de la transparencia y rendición de cuentas”.

Uno de los aspectos más destacables de la futura norma es reforzar el papel de las ZBE como áreas libres de humos y congestión con más medidas para limitar el acceso de los vehículos privados a motor. “La contaminación, los atascos o la conservación de las vías obligarán a adoptar restricciones, sanciones o tasas que financien el sistema o el cambio de modelo”, vaticina Claudia Hernández.

Por ello, la ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las ZBE. Para crear esta tasa es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si la aplica o no.

Cooperación

Uno de los principales problemas de la movilidad es la descoordinación entre diferentes Administraciones. Para Hernández, este es uno de los grandes retos de España: “Se necesita solucionar problemas de forma conjunta, tanto entre Administraciones diferentes como mediante la colaboración sector público-sector privado”, afirma.

Para hacer frente al problema, está prevista la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Jabier Gómez destaca la importancia de este organismo “como herramienta de coordinación que, precisamente, toma como referencia la experiencia ofrecida por otros sistemas ya existentes, como el Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Protección Civil”.

Otro aspecto destacable del anteproyecto es su apuesta por solucionar los problemas del transporte público. La futura norma atiende una de las reclamaciones más importantes del sector, como es la fijación de un plazo cierto para el establecimiento de un nuevo mapa concesional de servicios de transporte regular de viajeros.

Desigualdad en las ZBE

  • Madrid. Los turismos con clasificación ambiental A que no estén domiciliados en la capital ya tienen prohibido el acceso al interior de la M-30, vía por la que tampoco podrán circular desde enero de 2023. Estos vehículos no podrán acceder ni circular en todo el municipio desde enero de 2024. Al año siguiente la prohibición también se extiende a los turismos A domiciliados en la capital.
  • Barcelona. Desde enero de 2020 se restringió la circulación en días laborables en la zona de bajas emisiones (ZBE) Rondas de Barcelona de todos los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. El Plan Metropolitano de Movilidad Urbana 2019-2024 recogía una ampliación de la restricción a los coches con distintivo B, pero, de momento, solo se ha ampliado la prohibición de circulación a camiones y pequeños autocares a los que no les corresponda el distintivo ambiental de la DGT.
  • Discriminación. Desde la empresa de renting Idoneo.com, su CEO, Eduardo Clavijo, considera que el anteproyecto de ley de movilidad va a provocar desigualdades “ya no solo por las decisiones de cada Administración local sobre los vehículos en cuanto a las ZBE, sino también desde el punto de vista de poder adquisitivo, pues los coches Eco son más caros y los más contaminantes se devaluarán”.
  • Etiquetado. Gran parte de las ZBE se regularán en función del etiquetado de la DGT de los vehículos (etiqueta Eco, etiqueta 0, etc.). Pero Eduardo Clavijo muestra su preocupación porque “el Ministerio de Hacienda y Función Pública está planteando una nueva reforma en función del impacto medioambiental según el peso del vehículo o el nivel de emisiones”.
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