El Gobierno estudia congelar temporalmente la actualización de los alquileres al IPC
La medida, propuesta por Podemos y los sindicatos, se alargaría durante todo 2022 Transportes recuerda que se cerrarán las fórmulas concretas en dos semanas
El Gobierno estudia congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme al IPC. Es una de las medidas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa para hacer frente a la escalada de la inflación, que cerró el mes de febrero con un avance anual del 7,6% y amenaza con seguir batiendo récords al menos durante marzo. Según prevén analistas como Funcas, el indicador se situará este mes en el 8,6%.
Ante este imparable avance, el Gobierno de coalición baraja fórmulas de distinta índole (desde el famoso pacto de rentas hasta medidas fiscales) que permitan a los hogares amortiguar el golpe. Una de ellas pasa por dejar en suspenso la posibilidad de que las rentas del alquiler se incrementen en paralelo a los precios, al menos durante el año 2022.
La propuesta formal, en manos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde este miércoles, parte de Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, y de los sindicatos: “El pacto de rentas que se discute debería ser lo más amplio posible. No parece lógico que si los salarios no suben conforme al IPC sí lo hagan los alquileres”, explican fuentes de Comisiones Obreras.
Con todo, desde la cartera que dirige Raquel Sánchez señalan que aunque hay voluntad de analizar todas las propuestas que lleguen todavía es pronto para cerrar las medidas concretas. "La propuesta de congelar la actualización de los alquileres está sobre la mesa. Ahora se abre un periodo de dos semanas para trabajar con los agentes sociales y el resto de ministerios y ver cuáles son las fórmulas más adecuadas", detallan fuentes de Transportes.
Desde el año 2015 los propietarios pueden incluir en sus contratos la posibilidad de que las rentas se actualicen anualmente conforme a la inflación. Así, por ejemplo, un alquiler firmado en marzo de 2021 podría referenciarse un ejercicio después al IPC de febrero de 2022, el último dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, con la subida del 7,6% registrada en febrero, un alquiler medio de 800 euros se habría incrementado en marzo en poco más de 60 euros mensuales, unos 729 euros de más al terminar el año.
En el caso que baraja Funcas, con una subida en marzo del 8,6%, los contratos cerrados en abril de 2021 se podrían encarecer en más de 68 mensuales, unos 825 euros tras todo el ejercicio.
La actualización de las rentas conforme a la inflación tiene una serie de reglas. Por lo pronto, no todos los alquileres funcionan bajo el mismo patrón.
De manera general, en los contratos firmados antes del 31 de marzo de 2015, cuando se hizo la última gran reforma, el propietario tiene derecho por ley a actualizar las rentas conforme a la subida de los precios al año de la firma entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, los caseros que hayan cerrado el contrato a partir de abril de 2015, que a día de hoy son la mayoría, solo podrán actualizar la renta si así queda reflejado en el documento.
En ambos casos, el arrendatario tiene que recibir una comunicación oficial por parte del arrendador. Con la modificación de 2015, el legislador también introdujo la posibilidad de que las partes pacten el sistema de actualización que estimen oportuno, aunque esta opción, según explican fuentes especializadas, suele ser desconocida, por lo que la mayoría de contratos están referenciados al IPC.
Otras medidas
En la parte energética, Unidas Podemos ha propuesto también derogar la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, "que ha permitido a las eléctricas esconder los beneficios caídos del cielo evitando así su llegada a las arcas públicas". También ha lanzado la posibilidad de otorgar a las familias un cheque energético de 300 euros y ampliar el bono social para aumentar a los beneficiarios.
De cara al ingreso mínimo vital, instan a simplificar los requisitos y trabas burocráticas para facilitar su acceso, incrementar la cuantía de la prestación (en un 18% en el caso de una persona sola) y los umbrales de renta de acceso y rebajar la edad mínima de acceso desde los 23 a los 20 años.
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