Una reforma fiscal eficiente exige un ajuste previo y racional del gasto

El comité de sabios designado por el Gobierno para proponer una posible reforma fiscal entregó ayer su trabajo, un documento de 800 páginas, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se apresuró a señalar que el Gobierno no pretende acometer, al menos de momento y dada la compleja coyuntura geopolítica y económica, ningúna subida de impuestos. El texto, que pretende diseñar un sistema tributario “más equitativo, progresivo y justo”, incluye una serie de propuestas que pasan por ampliar las bases tributarias en los principales impuestos, reducir la brecha con la UE en la recaudación de algunos tributos, como el IVA, luchar contra el fraude fiscal y disminuir las desigualdades a través de herramientas tributarias, entre las que destaca el ajuste de las tarifas del IRPF y la mejora de la neutralidad en el IRPF y el IVA. A ello hay que unir además algunos aspectos polémicos –e incluso discutibles desde el punto de vista constitucional– como la propuesta de retocar la capacidad normativa de las comunidades autónomas para “mantener la coordinación” en todo el territorio.

La idea de partida del sustancioso informe de los expertos resulta indiscutible: la necesidad de avanzar hacia una reforma del sistema fiscal que aumente la capacidad recaudatoria, reduzca las ineficiencias y favorezca el crecimiento económico. España necesita –y se ha comprometido a ello con Bruselas– afrontar una reordenación de su enmarañado sistema fiscal con el fin de lograr la suficiencia económica necesaria para sostener los recursos públicos y volver a la senda de la consolidación fiscal, tras una crisis histórica que ha disparado el endeudamiento y aumentado el desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero la propuesta del comité de sabios opta por perseguir ese objetivo poniendo el foco fundamentalmente en los ingresos, con cambios en el diseño de la fiscalidad sobre la renta (IRPF), el consumo (IVA) y la riqueza (Patrimonio y Sucesiones) dirigidos a ampliar las bases sujetas a tributación, lo que supone una subida de impuestos, con la factura que ello supone en términos de consumo e inversión empresarial, en lugar de prestar una atención igualmente necesaria, y en España siempre relagada, a la reducción y racionalización del gasto.

A día de hoy el Gobierno no ha optado todavía por redimensionar una Administración Pública en la que abundan las ineficiencias y duplicidades, como tampoco por afrontar sin paños calientes el necesario el cambio de modelo de las pensiones para hacerlo realmente sostenible. Se trata de asignaturas pendientes básicas y que deben resolverse antes de abogar por una reforma fiscal que eleve la presión sobre ciudadanos y empresas en un escenario de altísima y creciente incertidumbre.