Sánchez impulsará el control de salarios y beneficios para generar estabilidad ante la guerra en Ucrania
Prorroga hasta el 30 de junio las rebajas fiscales a la luz y las ayudas a la industria Propone adaptar las reglas fiscales a una realidad pospandémica y de guerra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados un paquete de medidas económicas para proteger la economía española ante la invasión rusa de Ucrania en un contexto de fuerte presión inflacionista que provocará un frenazo del crecimiento estimado del PIB, según asume ya el Ejecutivo. Las medidas dadas a conocer incluyen la promoción de un pacto de rentas, novedades fiscales en el recibo de la luz o ayudas al sector industrial y turístico.
Pacto de rentas
La primera de estas medidas anunciadas por Moncloa apunta a que el Ejecutivo "impulsará un pacto de rentas entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista". En concreto, ha abogado por un "acuerdo de país" que recoja un pacto "desde el punto de vista de los costes salariales y de los márgenes empresariales".
Con ello, Sánchez sugiere que el Gobierno mediará en la negociación que abrirán formalmente mañana los empresarios y los sindicatos para intentar firmar un V Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) que, entre otras cosas, deberá recoger las recomendaciones salariales que se harán en las negociaciones de los convenios colectivos de más de 11 millones de trabajadores asalariados. La intención del Gobierno es que los interlocutores sociales sellen un pacto de avance moderado de los salarios que no presione al alza los precios, que ya crecen un 7,4% interanual, su mayor nivel en más de 30 años. Se trataría de intentar evitar los temidos efectos de segunda ronda de la inflación que llevarían a enquistar el aumento del IPC y, con toda seguridad, a lastrar la recuperación económica.
Las posturas de patronal y sindicatos parten de puntos divergentes. Mientras los empresarios apelan a la prioridad de frenar la presión inflacionista controlando las subidas inmediatas de los salarios, los sindicatos defienden subidas superiores al 3% -que es la inflación subyacente de febrero y el IPC medio de 2021 (3,1%)-. Pero además exigen que se incluyan en todos los convenios cláusulas de garantía salarial que compensen el incremento de los precios al final de este año. Asimismo exigirán aumentos superiores en las empresas y sectores donde la productividad y la demanda así lo permitan. Precisamente, el Banco de España ha recomendado esta última idea recientemente para no frenar el consumo.
En este punto, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez-Rey, también ha insisitido en que el deseo del Gobierno es que el citado pacto de rentas no incluya solo una moderación de las alzas salariales sino que debe recoger "un reparto justo de las cargas (en referencia al impacto de la presión inflacionista y la guerra en Ucrania) entre los trabajadores y los empresarios". De esta forma apuntaba a un ajuste también de los beneficios empresariales y no solo los salariales.
Bono social y rebajas fiscales
El Gobierno también va a prorrogar hasta el 30 de junio el bono social eléctrico, con sus descuentos del 60% para los colectivos vulnerables y el 70% para los vulnerables severos, así como las medidas fiscales para abaratar la factura de la luz, ante la eventual subida de precios de la energía derivados de la guerra de Ucrania.
Sánchez invitó a las comunidades autónomas, entidades locales, asociaciones y agentes sociales a "redoblar esfuerzos en la asistencia a los colectivos más vulnerables y a adoptar medidas sociales adicionales que permitan mejorar y garantizar las condiciones de confort energético a las familias". Lo propondrá, avanzó, en la próxima Conferencia de Presidentes que tendrá lugar el domingo 13 en La Palma.
Sánchez avanzó que "adoptará medidas adicionales de corto, medio y largo plazo para proteger a las familias y empresas de la subida de la factura y acelerar la transición energética". Afirmó que "de manera inmediata, el Gobierno extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales vigentes actualmente de tipos más reducidos para la energía". Enumeró el IVA en la electricidad al 10% , la suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad, el mantenimiento del Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo del 0,5% y "la minoración temporal del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación de gas no emisoras, gracias a que repercuten determinados costes que realmente no soportan".
Ayudas a la industria
Por otro lado, también señaló que "al igual que hacen otros países europeos vamos a proteger a la industria electrointensiva, que está sufriendo tremendamente los altos precios de la electricidad". Para ello, durante 2022 se compensarán con recursos presupuestarios en un 80% los peajes a más de 600 consumidores electrointensivos y se va a prorrogar hasta el 30 de junio las medidas de flexibilidad en los contratos de suministro de gas natural para los consumidores industriales. Esta compensación de parte de los peajes, que son competencia de la CNMC, y por tanto no se pueden recortar sino solo compensar, ya se lleva a cabo en países como Francia o Alemania sin oposición de la Comisión Europea.
Renovables
En paralelo, para aumentar la capacidad de generación renovable en España, el presidente del Gobierno anunció la convocatoria de una nueva subasta adicional para este mismo primer semestre del año y una nueva partida de 1.000 millones de euros, dentro del PERTE de energías renovables e hidrógeno 'verde' para el desarrollo de nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos.
Además, anunció un plan de reducción del consumo energético en edificios de la Administración, la dotación de 500 millones para acelerar el autoconsumo y de 100 millones de euros para sustituir el alumbrado público por otro de menor consumo, entre otras medidas.
Turismo
Sánchez, reconoció también este miércoles que la guerra en Ucrania afectará a las exportaciones a Rusia, a las importaciones desde Ucrania y a la llegada de turistas rusos. Por eso, explicó que aumentará la promoción de los destinos más expuestos al conflicto.
Impacto macroeconómico
El presidente del Gobierno también ha asumido que la guerra en Ucrania afectará irremediablemente al crecimiento económico previsto para España y para el conjunto de la Unión Europea en el corto plazo. El aumento de la inflación a costa de los precios de la energía hará que la escalada del IPC en España se prolongue más de lo previsto inicialmente, causando una tensión inflacionista que provocará una "ralentización del crecimiento económico" y "menores inversiones" en un momento clave para la recuperación tras la crisis sanitaria.
Por todo ello, además del paquete de medidas anunciado, Sánchez adelantó que España "abogará" en el conjunto de la Unión Europea por una "adaptación" de las reglas fiscales comunitarias a una tesitura pospandémica y de guerra. A finales de este año, recordó el jefe del Ejecutivo, "finaliza la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimeinto que ha permitido que pudiéramos acometer los programas de gasto necesarios en la pandemia". A partir de aquí, "podemos estar de acuerdo en que en situación de guerra no parece razonable volver a las reglas fiscales anteriores, que obligarían a un ajuste fiscal desproporcionado con el riesgo que ello implicaría para la recuperación económica".
Si antes de la escalada bélica en Ucrania España ya se descantaba por un rediseño de las reglas fiscales que estableciese límites a la deuda y déficit de los países en función de cada una de las economías, ahora, tras el estallido del conflicto, "el Gobierno abogará por una adaptación" de estas normas que se ha vuelto más "necesaria".
Empleo
En cuanto a los posibles efectos en el mercado laboral si se producen situaciones temporales de desabastecimiento, aumento de costes o reducción de la demanda en determinados, el Ejecutivo prevé acelerar la puesta en marcha de los nuevos ERTE: el mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. No obstante, esta activación requiere la consulta previa con los agentes sociales y la implicación de varios ministerios, para llevarlo después al Consejo de Ministros que sea quien lo ponga en marcha.