El tribunal administrativo falla a favor de Aena en la entrega de 21 torres a Enaire por 600 millones
Saerco y Ferronats, que piden competir por los grandes aeropuertos, pueden recurrir ante la Audiencia Nacional
Aena y Enaire respiran más tranquilas a la vista de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha tumbado los recursos de las empresas privadas Saerco y Ferronats contra la adjudicación de 21 torres de control aéreo a la pública en otros tantos aeropuertos. Enaire renovó el 21 de diciembre el contrato por cinco años y con un presupuesto de 601 millones de euros.
La disputa ante el tribunal dependiente de Hacienda ponía en tela de juicio la titularidad pública del control en los mayores aeropuertos de la red de Aena. En los recursos se demandaba la anulación de la adjudicación e incluso se defendió que Enaire no concurriera a un eventual nuevo concurso por tratarse del primer accionista de Aena, con el 51%, y, por tanto, de una parte vinculada. Además de apreciarse conflicto de intereses, se criticó que tan voluminosa contratación se realizara sin mediar libre concurrencia ni publicidad, e incluso por un plazo excesivo de tiempo, “en beneficio directo del accionista mayoritario”.
Aena sostiene que el servicio público es su única opción donde Transportes no ha instado la liberalización
Aena, que contaba con un informe de la Abogacía del Estado a favor de su actuación, pidió la desestimación al TACRC el pasado 17 de enero. La compañía ha sostenido que el servicio público es su única opción, desde el punto de vista normativo, donde no se ha adoptado la liberalización (no media Orden Ministerial que permita esta contratación en libre competencia). La propuesta de Enaire llegó a manos de Aena el 10 de noviembre, y la adjudicación se realizó bajo el criterio de calidad-precio pese a no haber mediado competencia. Un hecho que Aena explicó en virtud de la Ley 9/2010, que regula y reserva para Enaire la prestación de servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación, abriendo los servicios de tránsito aéreo de aeródromo.
Esa norma imponía cierto monopolio de Enaire, pero se superpuso la Orden FOM/3352/2010 fijando una docena de aeropuertos en los que se liberalizaba el control de tránsito aéreo de aeródromo (ATS). De este modo, hay otras tantas torres que son operadas desde 2011 por empresas privadas, mientras que 21 han seguido en manos de Enaire por convenio.
Los rivales de Aena han tratado de demostrar que esta tenía posibilidades de adjudicar el servicio al sector privado en función de la Ley 9/2017 y del Real Decreto Ley 3/2020. Y también que Enaire ha perdido la condición de medio propio instrumental de la Administración por el Real Decreto Ley 26/2020 de medidas de reactivación económica. Por tanto, se afirmaba que la pública no puede ser un adjudicatario directo de Aena. Pero han sido argumentos rebatidos por el TACRC.
Tanto Saerco como Ferronats tienen ahora dos meses de plazo para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra estos fallos. Se discute más que un contrato.
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