Pymes y autónomos y sus dificultades para devolver créditos de la pandemia
Las empresas deberán empezar a devolver la financiación, y expertos alertan de las dificultades para hacerlo, por la subida de precios, entre otros factores.
Han pasado dos años desde que se concedieron los créditos para ayudar a las empresas españolas (pymes y autónomos en su mayoría) a superar las dificultades generadas por la crisis de la Covid-19. De hecho, la devolución de las ayudas será exigible a partir de los meses de abril y mayo.
A final del año pasado el Gobierno aprobó una prórroga de las medidas económicas de apoyo a los autónomos y empresarios afectados por la pandemia, según recuerda Agustín Galbis, del departamento financiero y de gestión empresarial de GB Consultores, en un artículo publicado en su página web.
Entre esas medidas se encontraban los préstamos avalados por el ICO. Sin embargo, estos expertos advierten de que se podría producir un aumento de la morosidad, ya que durante el ejercicio 2021 se produjo un aumento de costes de materias primas y de suministros, entre otros.
A su juicio, la ampliación del plazo de vencimiento que se concedió “no solucionará el problema”, ya que la mitad de las empresas que solicitaron los créditos ya los tenía concedidos.
No obstante, el sector bancario ha reclamado nuevas ampliaciones del plazo para evitar que se produzca una solicitud masiva de reestructuraciones y de quitas. Expertos del Banco de España, Funcas y Standard & Poor’s alertan de que aunque la morosidad esté actualmente “contenida”, en el segundo semestre del año podría acercarse al 10% debido a esta situación, según recuerda este profesional en su análisis.
Retrasar las devoluciones
Igualmente, se teme que se note el efecto real de la Covid-19 a partir del verano. Ya hay empresas que están preparando documentación para pedir al Gobierno que realice transferencias que permitan reducir sus deudas.
En este sentido, el máximo de reducción de la deuda podría ser el 50% de lo avalado que quede pendiente. Esto será así cuando la empresa certifique que durante 2020 tuvo una caída en la facturación inferior al 70%. Por su parte, se podrá reducir hasta un 75% del total del importe avalado si la facturación cayó en más de un 70%. Aparte, las empresas deben haber registrado pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Esta situación ha provocado que algunos partidos políticos, como Ciudadanos, hayan registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se pide ampliar seis meses más el periodo de carencia de los créditos ICO. Para ello recuerdan que hace un año también se retrasó la devolución de los créditos ICO hasta los dos años.