Naturgy se enfrenta a demandas por la rescisión de 250 contratos de gas

La provisión de 230 millones que le ha impuesto el auditor va más allá de la indemnización por cancelar los compromisos

Francisco Reynés, presidente de Naturgy.Efe

El pasado viernes, en la presentación de los resultados de 2021 Naturgy desveló que ha realizado una provisión de 234 millones de euros en concepto de “costes de desistimiento por contratos onerosos de ventas de gas”. En otras palabras, por la ruptura unilateral de los contratos de, al menos, 250 consumidores industriales a finales del año pasado, cuyo precio, acorde con los que regían en el mercado antes de la escalada de las cotizaciones del gas natural, le resultaba poco rentable.

Fuentes de la industria consideran que se trata de una provisión demasiado elevada teniendo en cuenta que la compensación que la energética paga por rescisón es minúscula (entre 5 y 6 euros/MWh, en este caso por un trimestre), y ya la habrá pagado. Muy poco para Naturgy, que lo compensa con los actuales precios del gas, que han llegado a superar los 100 euros MWh, y “sirve de poco a los clientes”, añaden.

Teniendo en cuenta esa baja indemnización, los 234 millones provisionados por imposición del auditor, se corresponderían con un volumen de gas demasiado elevado, por lo que todo indica que dicha cantidad incluiría “nuevas rescisiones de contratos este año o las reclamaciones por daños y perjuicios de los clientes que se han quedado unilaterlamente sin suministrador”, señalan las mismas fuentes.

Naturgy se enfrenta a posibles demandandas civiles en los tribunales contra dichas rupturas masivas o a infracciones de la CNMC por vulnerar los derechos de los consumidores, conforme a la Ley de Hidrocarburos. En este sentido, fuentes empresariales, aseguran que un grupo de pequeñas papeleras ya se dispone a acudir a los tribunales y en algún subsector, como el del azulejo de Castellón, se estaría preparando algún tipo de demanda colectiva.

Papeleras y azulejeras estudian reclamaciones de daños

Entre los clientes afectados por las rescisiones figuran Roca, Sidenor o Alcoa, pero la cartera la componen principalmente pequeñas y medianas industrias y organismos públicos.

Una de las prácticas más criticadas por las afectadas es que, a la vista de la finalización de algunos contratos que caducaban a fin de año, Naturgy ofreció renovarlos con determinadas condiciones y cuando el cliente se dispuso a firmarlo, la gasística se echó también atrás. “No solo ha rescindido contratos, sino también sus propias ofertas”, señalan,

En diciembre, tras conocer la decisión de la compañía de romper contratos de gas en bloque, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, llamó al orden a sus responsables y convocó a una reunión a la asociación de consumidores GasIndustrial, a las que les mostró su descontento con dichas prácticas. GasIndustrial la integran medio centenar de grandes industrias, muchas de las cuales, no son clientes de la energética.

Lejos de ocultar las rupturas de contratos en contra de los deseos del Gobierno de que las energéticas ofrezcan precios “razonables” a la industria en estos momentos de crisis, Naturgy ha reconocido abiertamente estas prácticas, pues “le beneficia ante los inversores”, indican fuentes del mercado. Además, ella misma se enfrenta a una dura negociación con Sonatrach para revisar al alza los contratos de suministro de gas, que en 2020, primer año de la pandemia, Argelia se avino a bajar. La revisión que resulte de estas negociaciones regirá desde este 1 de enero.

Por el momento, el negocio del gas sostuvo en parte las cuentas de la energética el año pasado: mientras la comercialización de energía, en su conjunto, cayó un 57%, la del gas subió un 11%. Por su parte, el beneficio ordinario de la actividad de gas natural licuado (GNL) se incrementó un 80%.

Retribución

Esta estrategia en extremo conservadora de la compañía que preside Francisco Reynés, no solo le ha enfrentado al Gobierno sino que ha provocado algunas disensiones internas, señalan fuentes políticas. La compañía se encuentra en una encrucijada corporativa: la entrada en el consejo del fondo australiano IFM, que se sustanciará en la junta general prevista para un dia sin determinar del mes de marzo, con lo que el capital quedará concentrado en manos de tres fondos (CVC, GIP e IFM, con un 53%), que buscan rentabilizar al máximo su inversión, además de CriteriaCaixa, con un 26,7%. Entre todos negocian un acuerdo no solo en lo referente a la representación de IFM, sino de una estrategia de futuro.

La provisión por cancelación de contratos se conoció al tiempo que el incremento de la retribución del consejo de administración en un 5,57% y otros cambios beneficiosos para sus miembros. Así, los 12 consejeros han pasado de cobrar 7.404 millones en 2020 a 7.817 millones en 2021, amén del incremento de los fondos acumulados en el sistema de ahorro a largo plazo, que pasa de 7.568 millones a 10.302 millones, un 36% más.

La retribución de Reynés aumentó un 9% , hasta 4,962 millones y la de los nueve miembros de la alta dirección (ninguna mujer) recibieron 7.907 millones. Por su parte, el plan de incentivos a largo plazo (para comprar acciones) se amplía a 2025.

Retribución. En una carta remitida a los trabajadores de Naturgy por el Sindicato Independiente de la Energía (SIE), este asegura que va a pedir, a la vista de la información remitida este lunes a la CNMV sobre la retribución del consejo y la alta dirección de la compañía en 2021, un “alineamiento” con estos a la hora de evisar los salarios de la plantilla.

Negociación. En un tono no exento de ironía, el SIE señala en su escrito que, “son todas estas noticias tan buenas, que creemos que nos han de servir para alinearnos con la alta dirección y el consejo de administración”. En este sentido, en la mesa de negociación, el sindicato propondrán una revisión salarial del 5,6%, como la media del consejoy un incremento consolidable de hasta el 9%, “en línea con nuestro presidente”, si se logra mejorar el resultado del grupo en 2022.

Incentivos.Igualmente, solicitarán un incremento de las aportaciones al plan de pensiones, y que se eliminen “las diferencias porcentulaes de aportación”, que hace que la empresa aporte en porcentaje menos para los que menos ganan. Y, por último, solicitará la apertura del ILP (Plan de Incentivos a Largo Plazo) para toda la plantilla, “por compartir” los mismos vaores de los accionistas, así como “fomentar la participación en el capital de la sociedad”.