La Fiscalía no ve indicios de delito en Juan Carlos I y archivará la investigación
Así lo recoge el borrador de decreto de archivo que debe firmar la Fiscalía General del Estado
El borrador de archivo de las diligencias de investigación relativas a la presunta fortuna del rey emérito Juan Carlos I en la isla de Jersey señala que el equipo de fiscales, liderado por el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, no ha encontrado indicios "que permitan dirigir reproche penal contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón" y apunta que por lo tanto "procede acordar el archivo de las diligencias de investigación".
Así lo refleja un extracto del borrador de decreto de archivo que ha adelantando este lunes la Cadena Cope. Ésta era una de las tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Supremo sobre la fortuna del emérito, siendo las otras dos las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano.
Sobre la investigación de Jersey, el Ministerio Público indagaba sobre la presunta existencia de una cuenta bancaria con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
"Desde 2004 a 2021, no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 TRUST con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido éste la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas", dice el borrador en sus conclusiones.
Ese documento, que según explica ese medio radiofónico consta de 20 páginas, aún debe ser firmado por el propio Luzón, que dirige las investigaciones tras el fallecimiento del anterior teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos. Tras su rúbrica también deberá ser visado por la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado.
En las conclusiones del borrador, se indica que esa The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust: Tartessus y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente y "de los que fue beneficiario el entonces Rey de España" --cabe recordar que hasta su abdicación en 2014, Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad recogida en la Constitución--.
Luzón añade que no existe actualmente "documentación soporte disponible" sobre esos dos trust y que "probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con que fueron creados".
Al hilo, apuntan que, en todo caso, a partir del 19 de junio de 2014 --fecha en la que se hizo efectiva la abdicación y quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad del emérito-- "las disposiciones de JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna".
Tras conocerse que los motivo que abocan a este borrador al archivo de diligencias, quedan por saber los argumentos que llevarán al archivo también a las dos otras vías de investigación. Una de ellas es la relativa a los 80 millones de euros que, según la examante del rey emérito Corinna Larsen, se habrían repartido entre varios --incluido el propio Juan Carlos I-- por la adjudicación en 2011 del proyecto del AVE a La Meca a empresas españolas.
El Ministerio Público asumió en junio de 2020 estas pesquisas, derivadas de las diligencias previas que Anticorrupción abrió en diciembre de 2018 a raíz de unas grabaciones incorporadas a la pieza 5 del denominado 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional. En concreto, se trata de los audios grabados en 2015 por el comisario jubilado en una conversación con el empresario Juan Villalonga y Corinna Larsen.
Otra de las patas de la investigación en estas diligencias eran los posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos y que tendría origen en donaciones realizadas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
El Ministerio Fiscal notificó a la defensa del emérito en noviembre de 2020 que existían diligencias de investigación sobre el uso de esas tarjetas y apuntaban que iban a tenerlo en cuenta a la hora de determinar la validez de la declaración voluntaria que hizo pública el emérito Juan Carlos I ante la autoridad tributaria, en la que abonó un total de 678.393,72 euros por lo dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018.
Esa primera declaración voluntaria llegó formalmente a la Fiscalía del Tribunal del Supremo en diciembre de 2020 a través de los peritos de Hacienda adscritos al equipo que investiga las tres diligencias abiertas contra el que fuera jefe del Estado hasta junio de 2014.